El titular del Ejecutivo firmó un decreto donde autoriza a la destrucción de los instrumentos públicos con una antigüedad mayor a diez años y la digitalización a menores a una década. Los casos donde el expurgo no debe realizarse. Ahorro en el alquiler de inmuebles.
El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó a través de un Decreto la digitalización y destrucción de expedientes culminados y archivados en la Administración Central con una antigüedad mayor a 10 años, término que se computa desde la fecha del último trámite administrativo registrado bajo firma.
El objetivo principal radica en un proceso de “despapelización y digitalización de documentos y expedientes administrativos para hacer una gestión pública más dinámica y transparente”.
Para tal fin el titular del PE convoca en el instrumento legal a la conformación de una comisión de Selección y eliminación de tal documentación, responsable de valorar la documentación pertinente.
El decreto establece que dicha comisión “estará integrada por tres miembros con idoneidad suficiente para clasificar los expedientes y documentación propia del área de gobierno que se trata”.
Falta de espacio
La iniciativa se justifica en “la falta de espacio físico, capacidad de almacenamiento saturado de los archivos y condiciones inapropiadas de conservación que afectan el entorno y las condiciones de trabajo del personal, además de los riesgos de incendios o proliferación de plagas”.
Además sostiene que la acumulación de documentación repercute en las finanzas públicas debido al gasto destinado al alquiler y mantenimiento de inmuebles para tal fin.