La causa por presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi dio un giro decisivo: el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó la detención del ex intendente Luis “Pato” Campos, su ex secretario de Hacienda José Roldán y el empresario Roque “Chipi” Giménez, vinculado al rubro de la construcción. No obstante, el pedido no pudo avanzar en el caso de la legisladora provincial Sandra Figueroa —esposa del ex jefe comunal— debido a que goza de fueros parlamentarios.
Aunque el planteo inicial fue rechazado por cuestiones de forma, el juez federal José Manuel Díaz Vélez habilitó al fiscal a continuar con la investigación, validando así el rumbo de la causa, que apunta a posibles maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras públicas, lavado de dinero y conexiones con redes del narcotráfico.
En este contexto, Gendarmería Nacional ejecutó varios allanamientos en propiedades vinculadas a los ex funcionarios y al empresario. Se incautaron teléfonos celulares —incluido uno perteneciente a la legisladora Figueroa—, computadoras, documentación clave y se identificaron vehículos. En el caso de Roque Giménez, se inspeccionaron tres inmuebles y se constató que la supuesta sede de su firma, Giménez Consulting Groups, no existe como domicilio activo ni verificable.
Estas acciones coincidieron con procedimientos similares ordenados por la fiscal Mónica García de Targa, quien lleva adelante una causa paralela en la justicia provincial.
La investigación también cuenta con el respaldo del gobierno provincial. A través de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, se remitió al juzgado federal una copia del Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la intervención del municipio. Además, el interventor designado, Guillermo Norry, fue instruido para entregar con carácter urgente toda la documentación administrativa solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Uno de los principales focos de la causa es reconstruir los movimientos financieros, las compras, contrataciones y adjudicaciones de obras públicas realizadas por la gestión de Campos desde 2017. En ese sentido, el juez Díaz Vélez autorizó la inhibición general de bienes a nombre de los cuatro principales investigados, con el objetivo de asegurar un eventual recupero patrimonial.
El material incautado ya está siendo peritado por equipos técnicos. Fuentes judiciales anticiparon que se trata de una causa “larga y compleja” y que actualmente atraviesa una etapa clave. Una vez que Vehils Ruiz lo considere oportuno, podrá convocar a los implicados a declaración indagatoria, paso que definirá su situación procesal.