El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, condenado en 2024 por abuso sexual agravado, fue beneficiado con prisión domiciliaria tras cumplir un año de detención en el penal de Ezeiza. La medida fue dispuesta por el juez Juan Ramos Padilla, quien impuso una serie de condiciones estrictas para la ejecución del arresto.
La resolución establece que Alperovich cumplirá el régimen domiciliario en su departamento ubicado en Puerto Madero, uno de los inmuebles mencionados por la denunciante como escenario de los primeros hechos. Para acceder al beneficio, el exsenador deberá pagar una caución real de $400 millones y será monitoreado mediante tobillera electrónica.
“Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad ni beneficios extraordinarios”, expresó Ramos Padilla al fundamentar la decisión, aclarando que el beneficio no implica un privilegio, sino la aplicación de una herramienta legal en función del cumplimiento de los requisitos previstos.
El juez también determinó la prohibición absoluta de contacto con la víctima y su entorno, y le ordenó abstenerse de emitir declaraciones públicas o indirectas que pudieran afectarla.
Alperovich fue condenado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal, perpetrados contra su sobrina y excolaboradora, en un contexto de asimetría de poder familiar, político y económico. La sentencia fue apelada, por lo que su situación judicial continúa sujeta a revisión.
En el último año, personas cercanas a Alperovich –incluidos familiares directos y allegados públicos– realizaron manifestaciones en redes y medios con el objetivo de desacreditar la investigación, lo que también fue contemplado en los argumentos del fallo. El magistrado destacó nuevamente la conducta procesal de la víctima, calificándola como “ejemplar”, guiada por la búsqueda de justicia “y no de venganza”.
Mientras avanza la instancia de revisión judicial, Alperovich permanecerá bajo arresto domiciliario con control electrónico y supervisión judicial permanente, en el marco de un proceso que aún mantiene su curso.