El Poder Ejecutivo oficializó este jueves el veto a la ley de financiamiento universitario que había sido sancionada por el Congreso el 21 de agosto. La medida quedó establecida en el decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Según el texto, el proyecto —impulsado por bloques opositores— fue devuelto al Congreso por considerarse que no cumple con los requisitos legales ni cuenta con fuentes de financiamiento reales.
El Ejecutivo argumentó que la norma aprobada establece mecanismos de financiamiento “genéricos” y “manifiestamente insuficientes”, ya que no precisa montos ni define qué partidas presupuestarias deberían reasignarse. Además, cuestionó que se contemplen recursos provenientes de ingresos corrientes superiores a los presupuestados, sin prever cómo cubrir los gastos en caso de que esos fondos no se materialicen.
En los fundamentos, también se señaló que la iniciativa desconoce la normativa vigente sobre la administración del presupuesto nacional, particularmente lo establecido en la Ley 24.156.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores).
El proyecto vetado había sido elaborado por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y contemplaba elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI. También incluía la creación de fondos especiales para nuevas carreras estratégicas, la convocatoria a paritarias de docentes y no docentes, una recomposición de recursos entre mayo y diciembre de 2024 y, desde enero de 2025, actualizaciones bimestrales vinculadas a la inflación.