La Justicia federal ordenó 25 allanamientos en el marco de la investigación por presuntas irregularidades y pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos se llevaron a cabo tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos de la provincia, y fueron ejecutados por fuerzas de la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense.
Según fuentes judiciales, los allanamientos se enmarcan en una nueva línea de investigación y tuvieron como objetivo la incautación de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en droguerías y domicilios particulares. El análisis de los equipos secuestrados en la primera etapa de la causa habría aportado información que involucra a nuevos sospechosos. Por el momento, no se dictaron órdenes de detención.
El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Franco Picardi, quien dispuso los operativos recientes. La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe del área, en los que se mencionan presuntas maniobras de cobro de sobornos a laboratorios proveedores del organismo. En esos mensajes se nombra, además, a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Los allanamientos se concretaron un día después de que la Cámara de Diputados aprobara la citación para interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, quienes deberán presentarse el próximo miércoles a las 14:00 para brindar explicaciones sobre el caso.
Avance administrativo: auditoría interna en la ANDIS
En paralelo al proceso judicial, el Gobierno nacional aceleró la auditoría interna en la ANDIS tras recibir la documentación incautada durante los primeros allanamientos. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que los archivos contienen registros de compras de medicamentos a distintas droguerías, operaciones que no figuran en los sistemas públicos de contrataciones ni en los circuitos oficiales del Ministerio de Salud.
El equipo legal del organismo gestionó ante la Justicia el acceso a copias de esa documentación para que el interventor de la agencia, Alberto Vilches, pueda avanzar con el análisis. Entre las hipótesis en evaluación, se investiga si existieron sobreprecios y si las compras se realizaron mediante sucesivas compulsas de precios sin contratos formales, particularmente con la droguería Suizo Argentina.
En la Casa Rosada analizan una reforma del régimen de compras de la ANDIS para que las contrataciones de medicamentos pasen a depender directamente del Ministerio de Salud y se realicen de forma directa con los laboratorios. El organismo cuenta actualmente con 921 empleados y un presupuesto asignado de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones están destinados a prestaciones de seguridad social.
El Gobierno prevé que el sumario interno se extienda por un plazo máximo de seis meses, con resultados preliminares estimados para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La revisión también alcanza la política de pensiones por invalidez, en la que se registraron recortes recientes.