El Ejecutivo enviara al Congreso una reforma completa del Código Penal que incrementa las condenas para homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. La propuesta también endurece las penas por accidentes de tránsito causados por manejo imprudente y promueve un sistema de cárcel efectiva y mayores responsabilidades penales para autoridades y representantes políticos.

“El que la hace las paga”, afirmó la ahora ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa durante la presentación del proyecto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Uno de los principales detalles que remarcaron que los delitos gravísimos como abuso de menores serán imprescriptibles.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

En la actualidad, cuando la pena “no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”, informó por su parte el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado.

Se trata de delitos “cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”, agregó el parte de prensa.

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.

Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal

Agravamiento generalizado de penas

  • Homicidio simple sube de 8 a 25 años a un rango de 10 a 30.
  • Las lesiones leves pasan de un máximo de un año a uno de tres; la portación ilegal de armas se eleva a un mínimo de 3 años y 6 meses.
  • La usurpación salta a un máximo de 10 años; y la estafa escala hasta 8 años más multa.
  • En los robos se crea una diferenciación estricta según el nivel de violencia, con un piso que empieza en 3 años y penas agravadas para modalidades frecuentes como motochorros, viudas negras o robos en lugares de concurrencia masiva.

Delitos sexuales y explotación infantil: subas drásticas

  • La pornografía infantil pasa de un máximo de 6 años a 12, y la posesión con fines de distribución queda fijada entre 4 y 12 años, ampliando además sus agravantes.
  • Los abusos sexuales en todas sus modalidades reciben aumentos acumulativos.

Imprescriptibilidad para un catálogo ampliado de delitos

  • Se elimina la prescripción para figuras como el homicidio agravado, abusos sexuales, producción de material de abuso sexual infantil, trata, secuestro extorsivo, atentados contra el orden constitucional, procesos contra organizaciones criminales, terrorismo y narcotráfico.
  • Incorpora nuevos actos que reinician el plazo, como la emisión de órdenes de captura o pedidos de extradición.

Cumplimiento efectivo de la pena

  • El Ejecutivo busca limitar la ejecución condicional, que hoy se aplica cuando la pena no supera los 3 años.
  • Robos agravados, portación ilegal de armas, estragos y otros delitos quedan expresamente fuera de la posibilidad de suspender la ejecución.

Restricción de la liberación anticipada

  • Se modifica el régimen de libertades anticipadas y se añaden nuevas exclusiones: homicidio, robo con armas, robo seguido de muerte y delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos.
  • Se reduce así la probabilidad de acortar el tiempo efectivo en prisión.

Ejecución inmediata de las condenas

  • Las penas comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal.
  • Por ende, no será necesario esperar a que la Corte Suprema decida intervenir o no, acortando tiempos de cumplimiento y reduciendo la capacidad de dilatar condenas mediante estrategias recursivas.

Funcionarios públicos y delitos contra la administración

  • El cohecho pasa de 1 a 6 años a un rango de 3 a 10, con un tercio adicional en contrataciones. Si el involucrado es Presidente, Vicepresidente, jefe de Gabinete o ministro, la escala asciende a 5 a 15 años.
  • Cualquier funcionario condenado perderá automáticamente su jubilación de privilegio

Prisión perpetua y legítima defensa

  • Las perpetuas dejan de tener un techo temporal.
  • En delitos como homicidio agravado, la condena pasará a ser efectivamente de por vida.
  • Se amplían los márgenes de actuación en situaciones de peligro y fortalece el rol de la víctima, que deberá ser consultada antes de otorgar beneficios al condenado