La votación en general aparece encaminada, aunque el oficialismo enfrenta reparos en artículos clave que podrían forzar el regreso del proyecto a Diputados; en paralelo, el kirchnerismo se encamina a un voto dividido por primera vez en el Senado.
El Senado buscará este viernes, desde el mediodía, convertir en ley el Presupuesto 2026, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto fija un esquema de gastos totales por $148 billones y ratifica el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal, al proyectar un superávit primario del 1,2% del PBI y uno financiero del 0,2%. En el plano macroeconómico, el texto prevé una inflación anual del 10,1%, un tipo de cambio oficial de $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento de la economía del 5%, variables que son seguidas de cerca por el mercado.
En el oficialismo confían en reunir más de 40 votos para la aprobación en general, aunque admiten que el respaldo es más frágil al momento de votar el articulado. El principal foco de tensión es el artículo 30, cuestionado por Unión por la Patria, cuyo rechazo podría obligar a devolver el proyecto a Diputados para su revisión. La incógnita en el Congreso pasa por determinar si La Libertad Avanza logrará sostener las mayorías necesarias sin introducir cambios que compliquen el trámite legislativo.
Entre los ejes centrales del Presupuesto 2026 se destacan la proyección de un aumento del 10,6% en las exportaciones, la asignación de $4,8 billones para las universidades nacionales y un incremento del gasto en áreas sensibles, como jubilaciones (5%), salud (17%) y educación (8%). El texto busca compatibilizar estas partidas con la meta de superávit, en un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad macroeconómica.
El debate más áspero gira en torno a los artículos 30 y 12. El primero elimina los pisos obligatorios de financiamiento para educación, ciencia, tecnología y defensa, derogando metas históricas como la inversión del 6% del PBI en educación y el esquema de incremento progresivo para el sistema científico. El artículo 12, en tanto, establece nuevas condiciones para las transferencias a las universidades, que deberán rendir información detallada ante el Gobierno nacional, con la posibilidad de que se suspendan los fondos en caso de incumplimientos, un punto que también genera fuerte resistencia en la oposición.