A once años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia federal profundiza una de las líneas más sensibles del expediente: la presunta participación de inteligencia ilegal y un plan de encubrimiento para instalar la hipótesis del suicidio. En ese marco, comenzaron a declarar agentes de inteligencia del Ejército que estaban operativos en 2015 y cuyos teléfonos fueron geolocalizados en las inmediaciones del departamento del fiscal en Puerto Madero durante el fin de semana de su muerte. Para los investigadores, ya está probado que Nisman fue asesinado en razón directa de su función como fiscal de la causa AMIA y de su denuncia contra el gobierno de entonces por el Memorándum con Irán.
La investigación, delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano y bajo la órbita del juez Julián Ercolini, también avanza sobre una segunda línea vinculada a responsabilidades políticas y judiciales. Según la acusación, existió un “plan criminal” destinado a desviar la investigación y evitar que se profundizara la hipótesis homicida, con la intervención de ex funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia. En ese contexto, está prevista para fines de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo la investigación inicial, además de nuevas imputaciones que podrían surgir en el primer semestre de 2026.
Los investigadores sostienen que el atentado a la AMIA, la firma del Memorándum con Irán y el asesinato de Nisman responden a una misma matriz de encubrimiento. A once años del hecho, aún no se identificó a los autores materiales ni a quienes ordenaron el crimen, aunque la Justicia considera acreditadas maniobras de inteligencia interna ilegal, obstrucción de la investigación y falta de preservación de pruebas. Hasta el momento, el único procesado por el hecho es el informático Diego Lagomarsino, dueño del arma utilizada, mientras la causa continúa avanzando en busca de responsabilidades penales más amplias.