Tras un 2025 marcado por fuertes cruces entre el Gobierno y la oposición por el financiamiento educativo, la diputada de La Libertad Avanza por Mendoza, Mercedes Llano, presentó un proyecto para modificar la Ley de Educación Superior con el objetivo de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en las universidades nacionales. La iniciativa propone incorporar principios de transparencia activa, acceso público a la información y control ciudadano sobre la gestión académica, administrativa y presupuestaria de las casas de estudio.
El proyecto establece que las universidades deberán publicar de manera permanente y accesible información institucional, estructura organizativa, nómina de autoridades, docentes y personal no docente, junto con sus remuneraciones, modalidad de ingreso y funciones. También exige la difusión de los presupuestos aprobados, su ejecución, transferencias, compras, contrataciones y convenios firmados, además de la presentación y publicación online de las declaraciones juradas patrimoniales de las autoridades hasta el tercer nivel jerárquico, con actualizaciones en plazos menores a 90 días.
La iniciativa se inscribe en el debate abierto por la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Congreso, que refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control de las universidades. La AGN, órgano de control externo del Estado, combina tareas de auditoría directa con un esquema de cooperación con el Consejo Interuniversitario Nacional para fortalecer la transparencia, en un contexto de disputa política sobre el alcance del control estatal y la autonomía universitaria.