A pocas horas del debate por la reforma laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció presiones y “amenazas” dentro del peronismo para impedir que diputados y senadores acompañen el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Según expuso, la conducción nacional del PJ habría advertido con intervenir partidos provinciales a aquellos distritos que respalden la iniciativa oficial, una práctica que —afirmó— ya se aplicó en provincias como Misiones, Salta y Jujuy.
La tensión se concentra especialmente en el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores del interior que mantienen una relación autónoma respecto del kirchnerismo y cuyo voto será clave para el resultado. Vinculados a gobernadores y con diálogo fluido con la Casa Rosada, estos legisladores priorizan los intereses provinciales y evalúan la reforma laboral como una herramienta para atraer inversiones y sostener el empleo, en contraste con la postura dura del kirchnerismo, que busca bloquear el proyecto y unificar al peronismo en el rechazo.
Mientras el oficialismo acelera negociaciones con gobernadores para asegurar los votos, el peronismo llega a la sesión atravesado por una fuerte crisis interna, con amenazas disciplinarias, presión sindical y falta de liderazgo claro. La votación de este miércoles no solo definirá el futuro de la reforma laboral, sino que también funcionará como una prueba de poder: para Milei, sobre su capacidad de avanzar con reformas; para el PJ, sobre su cohesión; y para los gobernadores y legisladores, sobre su margen de autonomía política.
Fuente: tn.com.ar