La reforma laboral que se debate en el Congreso introduce cambios profundos en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, con un claro impacto sobre el salario de los trabajadores.
El nuevo texto reduce los plazos de licencias pagas y modifica los porcentajes de remuneración, que dejarán de ser del 100% como ocurre actualmente. Según el proyecto, el trabajador cobrará entre el 50% y el 75% de su sueldo básico, dependiendo de si la enfermedad o el accidente fue consecuencia de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud.
Además, la iniciativa recorta la duración de las licencias: ya no se contemplan períodos de hasta 12 meses, sino que se establecen plazos de 3 meses para quienes no tengan cargas de familia y de 6 meses para quienes sí las tengan, independientemente de la antigüedad. Especialistas en derecho laboral advierten que se trata de un cambio estructural, ya que traslada al trabajador parte del costo de las enfermedades y accidentes ocurridos fuera del ámbito laboral, una cobertura que en muchos países está a cargo del sistema de seguridad social y no del empleador.
El proyecto también endurece los requisitos administrativos: obliga al trabajador a informar de inmediato cualquier enfermedad o accidente que le impida presentarse a trabajar, bajo pena de perder la remuneración, y exige certificados médicos digitales con diagnóstico, tratamiento y días de reposo. A su vez, habilita controles médicos patronales y la intervención de juntas médicas en caso de discrepancias. En conjunto, el nuevo esquema redefine derechos históricos y abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre protección laboral y reducción de costos empresariales.
