La morosidad en el sistema financiero volvió a encender señales de alerta tras cerrar 2025 con un índice general del 5,5%, consolidando una tendencia ascendente.
De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, el deterioro es marcadamente desigual: mientras el ratio de irregularidad en empresas se mantiene en un moderado 2,5%, la mora en los préstamos a personas físicas escaló al 9,3%, reflejando el mayor estrés financiero que enfrentan los hogares. El atraso en créditos personales y prendarios explica buena parte de este salto, en un contexto de tasas aún elevadas, inflación persistente y salarios que no logran recomponerse con solidez.
El fenómeno se da, además, en paralelo a una fuerte expansión del crédito. Durante el último año, el financiamiento al sector privado creció 36,9% en términos reales —combinando pesos y dólares— y ganó peso en los balances bancarios. Esa mayor exposición al consumo dinamizó la actividad, pero también incrementó el riesgo: las familias asumieron más compromisos en un escenario macroeconómico todavía frágil. Si bien en la banca tradicional los niveles actuales permanecen por debajo de los picos registrados en crisis previas, el deterioro muestra una curva sostenida que preocupa a analistas y reguladores.
El panorama es más delicado fuera del circuito bancario formal. En cooperativas, mutuales y financieras orientadas al crédito al consumo, el índice de irregularidad alcanza el 22,8%, impactando sobre los sectores más vulnerables y menos bancarizados. Todo ocurre en medio de un cambio estructural en el modelo financiero: bajo la administración de Javier Milei, el crédito a empresas y familias pasó a representar el 43,9% del activo total de los bancos, desplazando al financiamiento del sector público que había predominado en años anteriores. El sistema, así, transita una transición hacia una mayor intermediación privada, pero con riesgos crecientes en la calidad de cartera.