La gestión de Javier Milei enfrenta crecientes tensiones internas en medio de una fuerte caída del consumo y del impacto social de sus medidas económicas.
La eliminación del plan “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a cerca de un millón de personas, derivó en el regreso de los cortes de ruta en varias provincias. El recorte, que implicaba unos 680 millones de dólares anuales, afecta de lleno a las economías regionales y profundiza la contracción de la actividad, evidenciando una marcada desigualdad entre sectores que aún consumen y otros que atraviesan una fuerte crisis.
En paralelo, el Gobierno busca contener a las provincias mediante el adelanto de transferencias, en un contexto de caída de recursos y múltiples conflictos salariales abiertos. Las transferencias automáticas bajaron y las paritarias siguen sin resolverse en gran parte del país. La situación económica se traduce en un escenario social cada vez más complejo, donde el ajuste impacta tanto en los ingresos como en el nivel de empleo, generando presión sobre gobernadores y aumentando la conflictividad.
A este panorama se suma el frente político y judicial, con el escándalo que involucra a Manuel Adorni y una investigación en curso sobre el origen de fondos para la compra de propiedades. Mientras la causa avanza en manos del juez Ariel Lijo, crece la preocupación en el oficialismo por la falta de un vocero sólido en un momento delicado. La acumulación de conflictos, sumada a la confrontación con el periodismo y nuevas polémicas, mantiene al Gobierno a la defensiva y sin lograr salir de una agenda marcada por crisis simultáneas.