El cierre de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada generó un fuerte rechazo político y periodístico.
Los trabajadores acreditados evalúan presentar un amparo colectivo para recuperar el acceso, mientras diputados de la oposición anticiparon que impulsarán el tema en la Comisión de Libertad de Expresión.
La medida fue ordenada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibañez, luego de una denuncia por presunto espionaje ilegal vinculada a un periodista del canal TN. Como consecuencia, se suspendieron de forma preventiva todas las acreditaciones en la sede gubernamental.
Desde el Gobierno sostienen que se trata de una decisión vinculada a garantizar la seguridad presidencial y descartan motivaciones políticas. La causa judicial quedó a cargo del juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
En paralelo, legisladores de distintos espacios y organizaciones como el Círculo de Periodistas Parlamentarios expresaron su preocupación por el impacto en la libertad de prensa. Advirtieron que se trata de una medida inédita en democracia y reclamaron una solución urgente que garantice el acceso a la información.