La Oficina Anticorrupción dispuso una prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a 2025.
A través de la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, el plazo se extendió hasta el 31 de julio de 2026, cuando originalmente vencía el 30 de mayo. El organismo justificó la medida en la necesidad de contar con información fiscal completa, incluyendo datos de impuestos como Ganancias y Bienes Personales.
La decisión impacta directamente en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario había sostenido que presentaría cualquier actualización dentro de los plazos legales y aseguró públicamente que su patrimonio fue construido antes de asumir en el Gobierno.
Entre los puntos que generan controversia figuran operaciones inmobiliarias y financieras, como la compra de propiedades con esquemas de financiación no convencionales, créditos obtenidos a través de particulares y un viaje en avión privado. También se puso bajo la lupa la adquisición de una vivienda que no estaría a su nombre, lo que abre interrogantes sobre su inclusión en declaraciones patrimoniales.
La causa judicial es investigada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario es consistente con sus ingresos declarados. El expediente contempla posibles delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ocultamiento de bienes y omisiones en las declaraciones juradas.