El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría debatirse en el Congreso, propone cambios profundos en el mercado de alquileres al reducir a solo tres días el plazo de intimación por falta de pago y habilitar desalojos más rápidos mediante procesos abreviados.
La iniciativa busca dar mayor previsibilidad a los propietarios, reducir la litigiosidad y acelerar la resolución de conflictos, con el objetivo de incentivar la oferta de viviendas en alquiler.
Desde el sector de propietarios, la propuesta recibe apoyo al considerar que brinda mayor seguridad jurídica y corrige los costos que enfrentan ante incumplimientos, como la falta de cobro de renta y los gastos de mantenimiento. Sostienen que reglas más claras podrían aumentar la oferta, flexibilizar requisitos de ingreso y generar un mercado más dinámico y competitivo.
Sin embargo, desde el lado de los inquilinos y especialistas legales crece la preocupación, especialmente por la posibilidad de desalojos sin sentencia firme, lo que podría afectar garantías de defensa y agravar la inestabilidad habitacional. Advierten que, en un contexto económico complejo, estas medidas podrían endurecer las condiciones de acceso a la vivienda y aumentar la conflictividad, profundizando la tensión entre propietarios e inquilinos.