El Gobierno nacional endureció su postura frente a la CGT tras la movilización realizada en Plaza de Mayo y descartó abrir una instancia de diálogo con la central obrera en el corto plazo.
En la Casa Rosada aseguran que no existen reuniones previstas con los dirigentes sindicales y remarcan que la relación quedó atravesada por la judicialización de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.
Mientras sostiene la defensa de la reforma laboral en los tribunales, el oficialismo ya trabaja en una reforma sindical más amplia que buscará enviar al Congreso durante el segundo semestre del año. La estrategia combina una postura defensiva, enfocada en sostener las medidas actuales, con una ofensiva orientada a introducir cambios estructurales en el funcionamiento de sindicatos y asociaciones civiles.
Entre los puntos que el Ejecutivo pretende retomar aparecen modificaciones que habían quedado fuera del proyecto original de reforma laboral. Uno de ellos es la posibilidad de que la retención de cuotas sindicales por parte de los empleadores sea opcional y requiera autorización expresa del trabajador. También vuelve a escena la intención de reducir los aportes patronales destinados a las obras sociales sindicales.
En Balcarce 50 reconocen además que avanzan en una reforma más amplia del Código Civil y Comercial que incluiría cambios en asociaciones civiles y estructuras intermedias. El Gobierno apuesta a llegar al segundo semestre con menor tensión callejera, mantener la disputa con la CGT en el plano judicial y reactivar más adelante la agenda de reformas que no logró completar durante el debate laboral inicial.