En un contexto atravesado por denuncias de corrupción, el Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo recorte del gasto público que impacta con fuerza en áreas sensibles como salud, ciencia y seguridad.
Las planillas oficiales firmadas por Manuel Adorni y Luis Caputo detallan reducciones millonarias en programas clave: desde la lucha contra el cáncer hasta la provisión de medicamentos, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios provinciales.
El ajuste también alcanza a la seguridad, con recortes en áreas estratégicas de la Gendarmería Nacional destinadas a combatir el narcotráfico, lo que ya genera consecuencias operativas. A la par, se multiplican testimonios que evidencian el deterioro del sistema de salud, como el caso difundido por el actor Marcelo Mazzarello sobre demoras en la atención de su hermana por parte del PAMI, reflejando una problemática que afecta a miles de jubilados.
La política de recortes se sostiene en la búsqueda del superávit fiscal, uno de los ejes centrales del Gobierno, aunque abre interrogantes sobre las prioridades. Mientras se reducen partidas esenciales para tratamientos médicos y asistencia social, también se aplican beneficios impositivos a sectores de altos ingresos. Esto alimenta críticas sobre una distribución desigual de los recursos y sobre la efectividad de un ajuste que podría, incluso, afectar la recaudación futura.
En paralelo, emergen cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción y vínculos entre funcionarios y negocios con el Estado. Casos como el del diputado Manuel Quintar o denuncias en el área de discapacidad, sumados a críticas de especialistas como Sandra Pitta, refuerzan la idea de un modelo que combina recortes profundos con tensiones sociales crecientes, en lo que algunos sectores describen como una transformación estructural del rol del Estado.