La decisión administrativa 20/2026 formalizó un fuerte recorte en partidas nacionales, con un impacto directo en las provincias.
Solo en el área de salud, el ajuste ronda los $63 mil millones, en un contexto donde el Gobierno busca respaldo político de los gobernadores para su agenda. Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), el 57% del ajuste total recayó sobre los distritos, afectando también programas de alfabetización, obra pública y salarios docentes.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que abril cerró con superávit primario y financiero, aunque distintos informes advierten una caída real de ingresos y un desplome de las transferencias a provincias. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, estas transferencias acumulan una baja real del 64%, lo que profundiza la presión fiscal sobre los gobiernos provinciales.
El recorte en salud es uno de los puntos más críticos. Gobernadores y funcionarios alertan por el desfinanciamiento de programas clave como Remediar, demoras en la distribución de vacunas y dificultades para sostener tratamientos, especialmente en sectores vulnerables. La situación derivó en protestas como la Marcha Federal por la Salud, mientras que distritos como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba manifestaron preocupación por el deterioro del sistema sanitario.
En este escenario, el ministro de Salud, Mario Lugones, encabezó una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) para coordinar acciones con las provincias. Si bien se acordaron compromisos para garantizar vacunas y medicamentos, varias jurisdicciones relativizaron el alcance del encuentro y remarcaron que la crisis sanitaria se agrava en un contexto de menor asistencia nacional.
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