El Gobierno sostiene que, a través del ajuste del gasto público, la baja de impuestos y la eliminación del déficit cuasifiscal, liberó recursos por unos USD 100.000 millones que antes absorbía el Estado y ahora quedaron en manos del sector privado.
Sin embargo, surge una contradicción: pese a ese supuesto alivio, el salario real continúa cayendo, aumentó el cierre de empresas y se perdieron más de 200.000 empleos formales.
Parte de la explicación radica en el cambio en la forma de pago de los servicios. Por ejemplo, al quitar subsidios, lo que antes se financiaba parcialmente con impuestos ahora se paga directamente en la factura. Esto no implica necesariamente un menor gasto total para las familias, sino un cambio en el canal de pago, aunque sí mejora la transparencia y el control del consumo.
El eje del debate está en que el gasto público funciona como una transferencia de recursos: el Estado recauda impuestos y los redistribuye en salarios, jubilaciones, obras y servicios. Al reducir ese gasto, también disminuyen esas transferencias. Por lo tanto, si bien algunos sectores pueden beneficiarse pagando menos impuestos, otros pierden ingresos provenientes del Estado, lo que impacta en el consumo y la actividad económica.
A esto se suman otros factores, como el aumento de tarifas, la presión impositiva sobre nuevos montos sin subsidios, el crecimiento de la deuda pública y el uso de tasas de interés altas que afectan la producción. En ese contexto, se genera una paradoja: aunque el Gobierno afirma que “la casta” pagó el ajuste, los indicadores económicos muestran que gran parte del impacto recae en la población, que sigue enfrentando dificultades para sostener su nivel de vida.