El Gobierno nacional oficializó cambios en el Programa de Acompañamiento Social y confirmó que ciertos beneficiarios dejarán de acceder al plan.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca ordenar y unificar los criterios de incompatibilidad, especialmente aquellos vinculados a la situación penal de los titulares.
El programa, que depende del Ministerio de Capital Humano, está dirigido a personas mayores de 50 años y a madres con cuatro o más hijos menores de 18 años en situación de vulnerabilidad social. Con esta actualización, el Ejecutivo apunta a reforzar los controles sobre quiénes pueden percibir el beneficio.
La modificación fue establecida a través de la Resolución 209/2026, firmada por la ministra Sandra Pettovello. Según el texto oficial, el objetivo es “unificar, integrar y actualizar” las incompatibilidades relacionadas con causas penales, que hasta ahora estaban dispersas en distintas normativas.
A partir de esta resolución, se incorporaron todos los criterios en un único apartado dentro de los lineamientos generales del programa, con el fin de simplificar el marco regulatorio y facilitar su aplicación.
Con los nuevos requisitos, quedarán excluidas del programa las personas prófugas de la Justicia, aquellas que se encuentren detenidas por orden judicial mientras dure su detención, y quienes tengan una condena firme y estén cumpliendo una pena, hasta completar la misma.