Cinco países sudamericanos avanzaron en una estrategia conjunta para enfrentar el crimen organizado internacional.
Se trata de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, que firmaron en Santiago de Chile el denominado “Compromiso de Santiago”, con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad, inteligencia y control migratorio. El acuerdo establece además la creación de un grupo de trabajo que volverá a reunirse dentro de seis meses en Argentina.
El canciller argentino Pablo Quirno participó de la firma junto a sus pares de la región, en una iniciativa que busca implementar medidas concretas frente al avance de organizaciones criminales. El presidente de Chile, José Antonio Kast, remarcó la urgencia de actuar de manera coordinada y señaló que los países deben pasar “de las palabras a los hechos” ante el crecimiento del delito organizado.
El plan contempla cinco ejes principales de acción: el intercambio de información entre organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y fiscalías; la coordinación en el control de fronteras; el seguimiento de flujos financieros ilícitos; la cooperación entre organismos técnicos; y el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta. Estas medidas apuntan a mejorar la capacidad de los Estados para prevenir y combatir delitos complejos.
La preocupación por la expansión del crimen organizado en la región se vincula, entre otros factores, con la presencia de bandas como Tren de Aragua, que ha extendido sus operaciones a varios países. En este contexto, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna aseguró que la cooperación permitirá llevar mayor seguridad a la población. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, advirtió además que la mitad de los homicidios en América Latina están vinculados al crimen organizado.
El caso más crítico es el de Ecuador, que en los últimos años experimentó un fuerte aumento de la violencia, con una tasa de 51 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025. En contraste, Argentina mantiene uno de los índices más bajos de la región. Los países firmantes buscan ahora ampliar la iniciativa a nivel continental, con la intención de presentar el acuerdo ante la Organización de los Estados Americanos y sumar nuevos socios en la lucha contra el delito.