Organizaciones del sector universitario valoraron el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional para mejorar el financiamiento de las universidades públicas, aunque advirtieron que los reclamos continuarán debido a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes.
El entendimiento se produjo tras meses de protestas y masivas movilizaciones en defensa de la educación pública.
El acuerdo contempla un incremento salarial del 24,33%, que se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes de mayo y un 3% adicional en octubre. Además, el Ejecutivo dispuso una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios.
También se anunció un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano y la garantía de los fondos destinados a la capacitación de los gremios docentes y no docentes. Las universidades, a su vez, deberán rendir cuentas sobre la utilización de los recursos recibidos.
Desde los sindicatos remarcaron que, pese a estos avances, la situación salarial continúa siendo crítica. Jorge Anró, dirigente de Fatun y Apuba, aseguró que los trabajadores universitarios perdieron cerca del 50% de su poder de compra y sostuvo que el acuerdo representa apenas un primer paso para recomponer los ingresos afectados desde 2024.
Los referentes gremiales destacaron que la convocatoria a paritarias y el reconocimiento de la deuda salarial constituyen una consecuencia directa de la presión ejercida por la comunidad universitaria y el respaldo social a la defensa de la universidad pública. Sin embargo, ratificaron que seguirán reclamando el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno permanece abierto, ya que la aplicación de esa ley continúa judicializada. Mientras el Ejecutivo argumenta que la norma compromete el equilibrio fiscal, las universidades y los gremios insisten en que debe cumplirse para garantizar una actualización automática del presupuesto, la recuperación salarial y el fortalecimiento integral de la educación superior pública.