Los resultados de la última evaluación internacional PISA volvieron a ubicar a la Argentina por debajo del promedio de los países desarrollados y también detrás de varias naciones de América Latina, reavivando el debate sobre la calidad del sistema educativo.
El país obtuvo 395 puntos en la edición 2022, 83 menos que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un desempeño que refleja un significativo rezago en los aprendizajes de los estudiantes de 15 años.
El informe muestra que Argentina se ubicó en el octavo lugar de la región en matemática, detrás de Chile, Uruguay, México, Perú, Costa Rica y Colombia, mientras que países como Japón y Corea del Sur continúan liderando el ranking mundial. Según especialistas, el éxito de estos sistemas educativos radica en políticas sostenidas, evaluaciones permanentes y la utilización de los resultados para mejorar la enseñanza dentro de las aulas.
A nivel nacional, las diferencias entre jurisdicciones también quedaron expuestas. La Ciudad de Buenos Aires registró desempeños superiores al promedio argentino y comparables con los de varios países europeos, mientras que Córdoba también logró resultados por encima de la media. Mendoza, en cambio, mostró niveles similares al promedio nacional, evidenciando la disparidad existente entre los distintos sistemas educativos provinciales.
Uno de los datos que más preocupa es que menos de un tercio de los estudiantes argentinos alcanza el nivel básico de competencias en matemática, lo que implica que la mayoría de los adolescentes no cuenta con los conocimientos mínimos para resolver problemas cotidianos o afrontar con éxito estudios de mayor complejidad. Para los especialistas, esta situación compromete las oportunidades futuras de empleo, productividad y movilidad social.
Los analistas coinciden en que el principal desafío ya no pasa por diagnosticar la crisis educativa, ya que Argentina participa de evaluaciones internacionales como PISA y cuenta con mediciones nacionales como las pruebas Aprender. El problema, sostienen, radica en la falta de capacidad para transformar esa evidencia en políticas públicas sostenidas que mejoren efectivamente los aprendizajes.
Entre los factores que dificultan esa transformación se mencionan la fragmentación del sistema educativo entre las 24 jurisdicciones, la concentración del gasto en salarios, las limitaciones en la formación docente y la escasa vinculación entre las evaluaciones y las decisiones pedagógicas. En ese contexto, los especialistas advierten que la mayor deuda educativa del país no es la falta de información sobre el problema, sino la incapacidad de convertir ese diagnóstico en reformas que generen resultados sostenibles a largo plazo.