Casi seis de cada diez alumnos argentinos de tercer grado de primaria ya tienen un celular propio.
Así lo revela el último informe de Argentinos por la Educación, basado en los resultados de Aprender 2024, que señala que el 59% de los niños de 8 años posee un teléfono personal, mientras que otro 23% utiliza el dispositivo de algún integrante de su familia. Solo el 18% no tiene acceso a un celular.
El estudio muestra que el acceso a estos dispositivos crece en todo el país, aunque con diferencias según la provincia y el nivel socioeconómico. Además, en la escuela secundaria la presencia de celulares es prácticamente generalizada: nueve de cada diez estudiantes cuentan con un teléfono propio, consolidando una tendencia que plantea nuevos desafíos para el sistema educativo.
Frente a este escenario, cada vez más jurisdicciones avanzan con regulaciones sobre el uso de celulares en las aulas. En Argentina, al menos 11 provincias ya implementaron leyes, resoluciones o protocolos, mientras que a nivel internacional cerca del 60% de los países adoptó algún tipo de restricción, de acuerdo con datos citados por la Unesco.
Sin embargo, la evidencia académica analizada por el informe indica que prohibir los celulares en las escuelas no garantiza una mejora en los aprendizajes. Si bien las restricciones logran reducir el uso de los dispositivos y las distracciones durante las clases, los estudios muestran resultados dispares respecto de su impacto en el rendimiento escolar y en la convivencia.
Los especialistas sostienen que el debate debe ir más allá de la prohibición. Andrea Goldin, investigadora del Conicet y coautora del informe, afirmó que las restricciones, por sí solas, no modifican los hábitos digitales de los estudiantes y planteó la necesidad de enseñar un uso responsable de la tecnología con objetivos pedagógicos claros dentro del aula.
En la misma línea, expertos en educación y ciudadanía digital advirtieron sobre la creciente naturalización del acceso temprano a los celulares. Consideran que el desafío no pasa únicamente por limitar su utilización, sino por acompañar a niños y adolescentes en el desarrollo de habilidades para un uso crítico, equilibrado y seguro de las tecnologías, tanto en la escuela como en el ámbito familiar.