El Congreso iniciará el receso invernal y suspenderá su actividad legislativa durante dos semanas, un paréntesis que dejará en pausa una extensa agenda de proyectos impulsados por el Gobierno nacional.
Cuando las sesiones se reanuden en agosto, el oficialismo deberá acelerar las negociaciones para intentar avanzar con iniciativas consideradas estratégicas por la Casa Rosada, muchas de las cuales enfrentan resistencia incluso entre sus aliados.
Uno de los principales desafíos estará en el Senado, donde Patricia Bullrich tendrá la tarea de ordenar una agenda cargada de proyectos pendientes. Entre ellos figuran la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Súper RIGI, la modificación del régimen de Zona Fría, la ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental, varias de las cuales aún no lograron reunir el consenso necesario para avanzar.
A estas iniciativas se suman otros proyectos anunciados recientemente por el presidente Javier Milei, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cambios a la ley de Inocencia Fiscal y el denominado “shutdown” del Estado. Además, antes del 15 de septiembre el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que también demandará intensas negociaciones.
La reforma política aparece como uno de los objetivos centrales del segundo semestre. El Gobierno buscará modificar el sistema electoral con la intención de eliminar o suspender las PASO para los comicios del próximo año. Sin embargo, la falta de votos suficientes obliga al oficialismo a negociar alternativas con gobernadores y bloques aliados, entre ellas la suspensión temporal de las primarias o cambios en la Boleta Única de Papel.
En la Cámara de Diputados también quedaron pendientes iniciativas relevantes, como la regulación de la actividad de lobby y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Ambos proyectos continúan sin definición y podrían sufrir modificaciones antes de volver al recinto para su tratamiento.
Con este escenario, el segundo semestre se perfila como un período de intensa actividad parlamentaria. El oficialismo intentará destrabar los proyectos acumulados y avanzar con las reformas prometidas por Milei antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, en un contexto donde cada iniciativa dependerá de complejas negociaciones políticas.