El comisario Alejandro Falcón se encuentra alojado en el penal de Bouwer imputado por hurto calificado, adulteración de documentos y uso indebido de recursos públicos. La causa se inició por la denuncia de una subordinada y expone graves irregularidades en la cadena de custodia de pruebas e insumos oficiales.
GRAVE INVESTIGACIÓN SOBRE LA POLICÍA FEDERAL
Un hecho de severa gravedad institucional sacude la estructura de la Policía Federal Argentina en la provincia de Córdoba, con un impacto que enciende las alarmas en todas las delegaciones de la fuerza en el país, incluidas las del NOA. El comisario Alejandro Falcón, quien se desempeñaba como jefe de la Sección Antidrogas Córdoba de la PFA desde mediados de 2024, fue detenido e ingresado al penal de máxima seguridad de Bouwer tras ser imputado por presunto peculado, hurto calificado, recepción de dádivas y destrucción de documentos públicos.
La medida fue dictada por el juez Carlos Ochoa, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, tras el requerimiento del fiscal Maximiliano Hairabedian. El caso comenzó a gestarse semanas atrás a raíz de la acusación formal presentada por una agente subordinada de la misma unidad, quien expuso un patrón de supuestas anomalías cometidas bajo la conducción del jefe policial.
La denuncia original plantea sospechas de extrema gravedad, entre las que figuran la sustracción de estupefacientes y sumas de dinero durante procedimientos de allanamiento, maniobras de protección a personas vinculadas al narcotráfico y el empleo de recursos del Estado para fines estrictamente personales.
Si bien la fiscalía continúa trabajando para determinar el alcance total de los señalamientos, las primeras diligencias arrojaron pruebas concretas sobre episodios específicos vinculados al manejo de fondos, logística y elementos secuestrados:
- Adulteración de actas y faltantes de dinero: La Justicia detectó la ausencia de sumas monetarias incautadas en al menos dos operativos. En uno de los casos, los investigadores sostienen que se destruyó la documentación original de secuestro para confeccionar un acta falsa con un monto sustancialmente menor.
- Uso irregular de bienes públicos: Se imputa al comisario la utilización de un vehículo oficial de la PFA para realizar un viaje particular hacia la ciudad de Rosario —que el propio acusado justificó en su indagatoria como parte de su mudanza personal—, incurriendo en la presunta falsificación de vales de combustible y la alteración de los registros de kilometraje.
- Apropiación irregular: La causa investiga la apropiación de dos cachorros de raza pitbull que pertenecían a una persona detenida durante un operativo de la brigada.
El avance de la causa generó un clima de fuerte tensión interna en la dependencia policial. Diversos agentes citados a prestar declaración testimonial expresaron temor a sufrir represalias, al tiempo que la denunciante indicó que existían gestiones para su traslado compulsivo hacia la provincia de Corrientes. Frente a la posibilidad de que se ejercieran presiones sobre los testigos, el fiscal solicitó la detención domiciliaria del acusado; sin embargo, el juez Ochoa resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva en un establecimiento carcelario.
Durante su declaración indagatoria, Falcón rechazó la totalidad de las imputaciones. Alegó no haber participado presencialmente de las inspecciones donde faltó dinero, justificó el traslado de los caninos bajo el argumento de que iban a ser adiestrados para la detección de sustancias y negó un enriquecimiento patrimonial ilícito. Los análisis preliminares sobre su situación económica ratifican que no posee bienes de alta gama y que registra deudas con entidades bancarias.
La investigación continuará con el peritaje de libros de guardia, auditorías sobre el consumo de combustible, trazabilidad de viáticos e inspección de los celulares secuestrados, mientras el fuero federal evalúa si la falta de operativos de envergadura registrados en los últimos meses responde a una omisión deliberada o a fallas de gestión.
¿Considerás que los controles internos sobre las brigadas antidrogas del país son suficientes para garantizar la transparencia en los allanamientos, o se requiere la intervención de organismos externos para custodiar el dinero y las sustancias incautadas?