Un dictamen fiscal de más de 200 páginas presentado ante el juez federal Ariel Lijo otorgó un plazo de 15 días al ex jefe de Gabinete para explicar el origen de más de U$S 400.000 y $ 43 millones. La Justicia detectó 20 puntos sospechosos que abarcan la compra de propiedades, refacciones en efectivo, viajes al exterior y el uso de criptoactivos.
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra los altos mandos de la gestión nacional sumó un capítulo decisivo en Comodoro Py. A través de un voluminoso dictamen de 207 fojas presentado ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal Gerardo Pollicita formalizó un requerimiento intimatorio contra el ex jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, fijándole un plazo perentorio de 15 días hábiles para justificar su patrimonio.
La medida abarca el período transcurrido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio pasado —fecha en que se efectivizó su renuncia al cargo— y coloca bajo sospecha el vertiginoso crecimiento de los bienes declarados por el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con las conclusiones del informe técnico elaborado por los peritos contables de la SIFRAI-DAFI, la investigación detectó un desfasaje patrimonial no justificado que asciende a más de 43 millones de pesos y 402.578 dólares. En caso de que Adorni no logre respaldar documentalmente estos montos en el lapso otorgado, la fiscalía quedará en condiciones de solicitar su citación a declaración indagatoria.
Las 20 inconsistencias en la mira de la Justicia
La fiscalía desglosó un listado de 20 puntos críticos que la pareja deberá clarificar con comprobantes fiscales y bancarios. Entre los movimientos más relevantes destacan:
- Inmuebles de alto valor: La adquisición de una propiedad en el Country Indio Cua a nombre de Angeletti y un departamento sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.
- Pagos millonarios en efectivo: La entrega de U$S 245.000 en billetes físicos al contratista Matías Tabar por trabajos de refacción y equipamiento mobiliario, además de honorarios notariales sin trazabilidad bancaria.
- Balance negativo de ingresos y egresos: El informe contable reveló que mientras los ingresos comprobables de la pareja sumaron cerca de $ 229 millones, sus gastos operativos (tarjetas de crédito, seguros, expensas y viajes) superaron los $ 272 millones, generando un saldo negativo absoluto.
- Operaciones con divisas y criptoactivos: El origen de los dólares empleados para costear alquileres temporarios, cuotas de colegios privados y viajes internacionales, sumado al pedido de explicaciones sobre el momento en que se iniciaron las inversiones en criptomonedas alegadas por el imputado.
El expediente judicial tuvo su origen en una denuncia formulada por la diputada nacional Marcela Pagano, a la cual se acoplaron posteriormente ampliaciones presentadas por otros legisladores. Asimismo, los peritos judiciales advirtieron sobre una “reiterada” intermediación de terceras personas para concretar compras de bienes y la cancelación de gastos corrientes mediante dinero en efectivo.
Este requerimiento judicial genera una fuerte repercusión política en todo el país y reaviva el debate sobre la transparencia, los controles patrimoniales a los funcionarios públicos y la integridad en el ejercicio del poder.