Un relevamiento oficial en el casco céntrico contabilizó 822 casas deshabitadas y 104 baldíos ociosos en apenas 20 kilómetros cuadrados. El dato contrasta con las más de 63.000 familias inscriptas en el padrón provincial en busca de un techo propio. El organismo propone densificar zonas como Villa 9 de Julio y generar convenios público-privados para revertir una década de retrasos estructurales.
La tensión entre la oferta inmobiliaria desaprovechada y la falta estructural de acceso a la vivienda sumó cifras oficiales en San Miguel de Tucumán. Un diagnóstico elaborado por profesionales del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) identificó 822 inmuebles sin ocupantes en el cuadrante delimitado por las cuatro avenidas principales de la ciudad. El dato cobra mayor dimensión al contrastarlo con el registro provincial, donde 63.000 familias esperan una solución habitacional.
El titular del organismo, Hugo Cabral, sintetizó la problemática durante la octava audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano: “Hay muchas casas sin gente y muchísima gente sin casas”. El relevamiento abarcó exclusivamente el casco céntrico —un área de 20 kilómetros cuadrados que representa el 22% del territorio municipal— y no incluyó departamentos ni los barrios periféricos, por lo que el número real de propiedades ociosas en la capital es significativamente mayor.
Del total de inmuebles desocupados registrados, 547 se encuentran a la venta o en alquiler sin concretar operaciones, mientras que 275 permanecen en estado de abandono total. A este panorama se agregan 104 terrenos baldíos sin aprovechamiento identificados en la misma área central, cifra que el organismo proyecta que podría quintuplicarse en el resto del ejido municipal.
El registro de postulantes del IPV evidencia la concentración de la demanda en el conglomerado metropolitano. De las 63.000 solicitudes activas en toda la provincia, 44.430 corresponden al Gran Tucumán:
- San Miguel de Tucumán: 30.986 inscriptos
- Las Talitas: 3.094 inscriptos
- Tafí Viejo: 2.718 inscriptos
- Yerba Buena: 2.302 inscriptos
- Banda del Río Salí: 2.091 inscriptos
- Alderetes: 1.708 inscriptos
- El Manantial – San Pablo: 964 inscriptos
- San Andrés: 488 inscriptos
- San Felipe – Santa Bárbara: 79 inscriptos
Históricamente, el Estado tuvo un rol decisivo en la conformación del tejido capitalino: de los 323 barrios existentes, 120 fueron ejecutados a través de planes oficiales de vivienda, lo que equivale al 37,15% del total urbano. No obstante, el IPV arrastra más de una década de incumplimientos y demoras que impiden dar respuestas inmediatas con el modelo tradicional de construcción horizontal en la periferia.
Frente a este cuadro, el organismo plantea modificar la agenda pública e incorporar mecanismos de densificación urbana y articulación con el sector privado. Una de las alternativas técnicas bajo análisis apunta a elevar la densidad de ocupación en barrios tradicionales como Villa 9 de Julio. Actualmente, ese sector registra un promedio de 18 familias por cuadra; según las estimaciones oficiales, autorizar e incentivar la construcción de uno o dos niveles adicionales en las edificaciones existentes permitiría superar las 40 familias por cuadra, aprovechando las redes de servicios ya instaladas y reactivando el comercio barrial de cercanía.
En paralelo, se evalúan esquemas de incentivos tributarios para los dueños de terrenos baldíos que cedan temporalmente sus predios al municipio para la instalación de plazas, postas sanitarias o espacios comunitarios, hasta que los propietarios decidan iniciar desarrollos constructivos. Esta iniciativa confluye con proyectos legislativos en debate dentro del Concejo Deliberante capitalino orientados a penalizar o reconvertir los inmuebles ociosos.
La actualización del Código de Planeamiento Urbano se presenta así como una herramienta indispensable para frenar la expulsión de vecinos hacia las periferias desprovistas de infraestructura y optimizar el suelo ya consolidado en el corazón de la ciudad.