Reclamo soberano: excombatientes intimaron a Cancillería para bloquear la nueva ruta marítima chilena a Malvinas

El CECIM le dio un plazo de 72 horas al canciller Pablo Quirno para aplicar sanciones, activar protestas diplomáticas y vetar el uso de puertos nacionales a las empresas vinculadas al nuevo enlace.

El Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) formalizó una exigencia directa al canciller Pablo Quirno mediante el envío de una carta documento, reclamando medidas urgentes frente a la habilitación de una nueva vía marítima comercial que conectará el puerto chileno de Punta Arenas con el archipiélago. La iniciativa transfronteriza había sido confirmada públicamente por el intendente chileno Claudio Radonich, quien fijó el inicio de las operaciones navieras para el próximo mes de noviembre.

El planteo legal de la organización se sustentó en las disposiciones de la Ley 26.659 y del Decreto 868/2026, normativas que otorgan al Palacio San Martín la competencia indelegable para sancionar cualquier actividad logística no autorizada que se curse a través de la plataforma continental argentina. En este sentido, los excombatientes reclamaron que se instruya de manera formal a la Embajada argentina en Santiago de Chile para presentar una protesta diplomática ante el gobierno de ese país, además de elevar un reclamo enérgico frente a las autoridades del Reino Unido.

Dentro del petitorio elevado al Ejecutivo, el CECIM requirió la instrucción de expedientes sancionatorios contra las firmas comerciales involucradas en la travesía, identificadas como Easter Island Naviera, Easter Island Logistics y la Falkland Islands Development Corporation. Como parte de las medidas coercitivas, exigieron prohibir de forma terminante el uso de puertos y servicios logísticos en territorio nacional para las embarcaciones de dicha cadena, así como notificar a los entes reguladores bursátiles sobre las contingencias legales que pesan sobre las corporaciones intervinientes.

El escrito también enfatizó en la necesidad de obligar a todos los buques que operen con rumbo a las islas a cumplir rigurosamente con el Decreto 256/2010, procediendo a la revocación inmediata de los permisos de navegación correspondientes. En paralelo al frente bilateral con Chile, la agrupación instó a la Cancillería a formalizar la denuncia geopolítica ante los organismos multilaterales, incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de Descolonización, la CELAC y el bloque del MERCOSUR.

El plazo otorgado por la entidad al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores es de carácter perentorio, fijando un límite de 72 horas para poner en marcha los mecanismos de resguardo soberano. Desde la óptica de los excombatientes, el cumplimiento de estas herramientas de defensa jurídica e internacional representa un deber legal imperativo para el Estado argentino y no una medida de carácter optativo frente a la alteración del statu quo en el Atlántico Sur.