Atención inversores en Tucumán: la causa por la millonaria captación de fondos de Lebron Group pasa a manos de la Justicia Federal

La investigación contra Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, escaló de nivel judicial tras detectarse posibles maniobras de intermediación financiera no autorizada que superarían los 536 millones de pesos.

La causa judicial que sacude al mundo de las inversiones en la provincia dio un giro drástico en las últimas horas. La investigación que apunta contra Franco Alderete, cabeza visible de Lebron Group SAS, abandonará el fuero penal ordinario para recalar en la Justicia Federal. La decisión fue adoptada por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien declaró la incompetencia de los tribunales provinciales tras un planteo impulsado por el fiscal Diego Hevia, a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II.

El expediente, que hasta el momento acumulaba una quincena de denuncias formales, maneja cifras alarmantes: el perjuicio económico estimado supera los 536 millones de pesos. La hipótesis central de la fiscalía es que el esquema implementado excede el marco de una estafa tradicional entre particulares para transformarse en una presunta intermediación financiera no autorizada, un delito de órbita federal que pone bajo la lupa la captación masiva de dinero al margen de los controles del Banco Central.

Los damnificados, que confiaron sus ahorros atraídos por la promesa de rentabilidades mensuales que rondaban el 7% en pesos y el 3,4% en dólares para ser volcados comercialmente a través de “Lebron Suplementos”, comenzaron a notar irregularidades en distintas etapas. Si bien los primeros chispazos de incumplimiento se remontan a mediados de 2023 y 2024, el colapso de las devoluciones se generalizó entre febrero de 2025 y enero de 2026, momento en el cual el conflicto saltó masivamente a las redes sociales y a los pasillos judiciales de Tribunales.

Por su parte, la defensa de Alderete eligió una estrategia dual. En el ámbito penal, el empresario rechazó tajantemente haber ideado una maniobra defraudatoria, atribuyendo los incumplimientos a contingencias y traspiés económicos que le habrían impedido sostener el flujo de pagos pactados con los inversores. En paralelo, y acorralado por los reclamos financieros, el titular de la firma acudió al fuero civil el pasado 5 de julio para formalizar un pedido de quiebra, buscando un paraguas legal ante la imposibilidad de afrontar las exigencias de sus acreedores.

Al fundamentar el traslado del expediente, el juez L’Erario Babot fue categórico al señalar que una maniobra de esta magnitud no sólo lesiona el patrimonio de los aportantes tucumanos, sino que vulnera la fe pública y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Asimismo, el magistrado descartó de plano la posibilidad de desdoblar la investigación —dejando las estafas en la justicia provincial y enviando lo financiero a la federal—, advirtiendo que una segmentación de ese tipo atentaría contra la unidad de la pesquisa y entorpecería el esclarecimiento de los hechos.

Con el envío de la totalidad de las actuaciones al fuero federal, la causa entra en una nueva etapa de transición. La medida judicial marca un cambio formal de jurisdicción pero no implica, por el momento, una definición sobre la responsabilidad penal del imputado ni convalida de manera definitiva la existencia de una estafa piramidal, extremos que deberán dilucidarse en los estrados federales a medida que se instruya el voluminoso sumario.