Denuncian a siete pesqueras extranjeras por operar en el Mar Argentino con licencias británicas de Malvinas

La presentación judicial recayó en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7. Acusan a corporaciones de origen español de eludir los controles aduaneros nacionales y comercializar recursos ictícolas ilegítimos desde las islas.

El mapa judicial argentino sumó un frente de alto voltaje geopolítico y económico. La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una formal denuncia penal contra un grupo de empresas pesqueras internacionales que operan de manera sistemática en el Mar Argentino utilizando permisos de pesca otorgados de forma irregular por las autoridades británicas instaladas en las Islas Malvinas.

La presentación judicial fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano. De acuerdo con los términos de la denuncia, las compañías involucradas incurrirían en el delito de evasión del control aduanero, bajo la presunción de que extraen recursos ictícolas soberanos para luego concretar exportaciones, transbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino —o en terminales del exterior—, omitiendo deliberadamente la fiscalización del Estado argentino.

Un mecanismo de elusión y control aduanero

El núcleo de la presentación apunta a que, al tratarse de autorizaciones emitidas por “una potencia ocupante de facto”, las firmas operan mediante un ardid diseñado específicamente para burlar los mecanismos de control de la Aduana argentina. Esta operatoria ilegal no solo vulnera la soberanía territorial, sino que busca evitar el pago correspondiente de los derechos de exportación y eludiendo los regímenes cambiarios vigentes en el país.

La lupa de los denunciantes se posicionó de manera directa sobre varias corporaciones internacionales, con fuerte predominio de capitales españoles —principalmente de la región de Galicia—, las cuales articularían sus maniobras en conjunto con sociedades mixtas constituidas en el archipiélago bajo el amparo de licencias británicas catalogadas como “nulas e ilícitas”.

El listado de las firmas señaladas ante la Justicia incluye a:

• Lanzal, a través de Petrel Fishing Company Ltd.
• Grupo Pereira, mediante Argos Group Ltd.
• Pescapuerta y Copemar, operando ambas con South Atlantic Squid.
• Ferralmes, vinculada a Castelo Fishing Co.
• Hermanos Touza, a través de Beaufort Fishing Ltd.
• Moradiña, mediante Polar Ltd.

Tras su ingreso a los tribunales, el expediente quedó radicado formalmente en el Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 7, que se encuentra a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, magistrado que deberá evaluar los elementos probatorios presentados para definir los próximos pasos procesales de la causa.

Desde las provincias del interior productivo y los centros de análisis político, la noticia reaviva el debate sobre la protección de los recursos naturales estratégicos en la plataforma continental, un tema que impacta de manera directa en la soberanía económica de la Nación.