Trenes de carga, centrales nucleares y represas: el plan del Gobierno para recaudar 1.500 millones de dólares antes de 2027

Tras el éxito parcial en la venta de AySA, la administración libertaria acelera un ambicioso cronograma de concesiones y ventas de activos estatales. El plan incluye el Belgrano Cargas, clave para las economías regionales del NOA, termoeléctricas y un porcentaje de Nucleoeléctrica.

Un cronograma acelerado para cumplir con las metas financieras

Con la mira puesta en el cierre del primer mandato de Javier Milei y la imperiosa necesidad de captar divisas para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda externa, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, diagramó un intenso cronograma de privatizaciones y concesiones de activos estatales. De acuerdo con las proyecciones oficiales, estas operaciones aportarán al fisco nacional unos 1.500 millones de dólares durante el transcurso de 2027.

La hoja de ruta se acelera tras la reciente venta del 90% de las acciones de AySA por una cifra cercana a los 340 millones de dólares. El próximo gran mojón tendrá lugar el 11 de noviembre, fecha fijada para la apertura de ofertas correspondientes a las líneas ferroviarias de carga: Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas, cuyos activos fueron desglosados operativamente entre talleres, material rodante y traza de vías.

Entre los principales actores que ya mostraron apetito por estos activos figuran el Grupo México Transportes, un potente consorcio aglutinado por cerealeras de peso y el grupo Roggio. Para las provincias del interior, y en particular para el norte del país, el sistema ferroviario de cargas representa un eslabón vital: es la herramienta llamada a competir mano a mano con el transporte automotor para bajar los costos logísticos, descomprimiendo rutas y facilitando la salida al mercado de la producción agroindustrial, la minería de litio y cobre en el NOA y los desarrollos hidrocarburíferos de Vaca Muerta.

Energía eléctrica, represas y el futuro nuclear

La agenda oficial continuará sin respiro en el tramo final del año. El 14 de diciembre se abrirán las propuestas para la megaobra de transmisión eléctrica en alta tensión conocida como AMBA I, un proyecto valuado en unos 1.100 millones de dólares que se adjudicará no por un canon fiscal, sino al oferente que proponga la tarifa más baja a ser trasladada a las boletas de los usuarios. En este segmento pujan gigantes del sector como Transener —vinculada a Pampa Energía y la familia Neuss— y Central Puerto.

Apenas un día después, el 15 de diciembre, expirarán los contratos de concesión de complejos hidroeléctricos estratégicos como Los Nihuiles en Mendoza, Futaleufú en Chubut (clave para el abastecimiento de la productora de aluminio Aluar) y dos centrales ubicadas en Santiago del Estero. Si bien los plazos administrativos marchan retrasados y es probable que operen prórrogas temporarias, el modelo de traspaso ya demostró su efectividad a principios de 2026, cuando las concesiones de las represas neuquinas y rionegrinas inyectaron unos 700 millones de dólares a las arcas del Estado.

Finalmente, el programa contempla que el año próximo la motosierra y la chequera estatal alcancen a las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano —ambas bajo la órbita de ENARSA— y a un 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa pública encargada de operar las plantas de generación nuclear Atucha I, Atucha II y Embalse. Un paso histórico que marcará un punto de inflexión en la participación del Estado dentro del mercado eléctrico mayorista.