Tucumán desistirá de dos demandas contra la Nación por coparticipación a cambio de un acuerdo financiero

La Provincia firmó un convenio para poner fin a dos juicios iniciados ante la Corte Suprema en 2019 por la reducción de impuestos coparticipables. A través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, la medida busca ordenar las cuentas públicas locales mediante un sistema de compensación con la administración central.

El Gobierno de Tucumán oficializó un acuerdo con la administración nacional para desistir de dos demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. La medida, formalizada a través del decreto provincial 1680/3 (MEyP) —firmado en julio y publicado en el Boletín Oficial—, se enmarca en una estrategia destinada a compensar deudas, ordenar las finanzas provinciales y reducir la litigiosidad con el Estado federal.

El entendimiento fue sellado el pasado 23 de julio entre el ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad, y su par de la Nación, Luis Caputo. Esta rúbrica se alinea con el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), una herramienta implementada por el Ejecutivo nacional en 2024 para regularizar compromisos financieros pendientes con las distintas jurisdicciones del país. Además, el convenio permite cumplir con una de las condiciones exigidas dentro del esquema de anticipos financieros autorizado en abril mediante el decreto nacional 219/2026, el cual contempló asistencia crediticia para 12 provincias por un monto global de hasta $ 400.000 millones.

El conflicto legal que ahora se cierra se remonta a 2019, cuando el entonces gobierno nacional dispuso una serie de modificaciones tributarias a través de los decretos 567/2019 y 561/2019. La primera norma estableció una alícuota del 0% de IVA para determinados alimentos de la canasta básica, mientras que la segunda introdujo cambios impositivos en el Impuesto a las Ganancias, el Monotributo y los aportes previsionales. En aquel momento, la administración tucumana cuestionó severamente que el costo fiscal de esas medidas recayera sobre los recursos coparticipables que le correspondían a la provincia.

Ante este escenario, la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, promovió acciones judiciales que derivaron en dos medidas cautelares favorables dictadas por la Corte Suprema en octubre de 2019. Esas resoluciones judiciales obligaron a la Nación a afrontar la caída de la recaudación del IVA y de Ganancias con recursos propios, preservando de esta manera los ingresos del Tesoro provincial. No obstante, tras la firma del Consenso Fiscal 2020 y la posterior derogación de las normas objetadas, los expedientes habían quedado en suspenso.

Con el decreto actual, la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado queda formalmente autorizada para avanzar con el desistimiento definitivo de ambas causas. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que este paso contribuirá a equilibrar las cuentas públicas y a mejorar la disponibilidad de recursos, aunque el instrumento legal difundido hasta el momento no detalla el monto exacto que arrojará la compensación ni los saldos netos resultantes entre ambas partes.

Esta decisión sintoniza con una directriz más amplia del Gobierno nacional orientada a desactivar disputas judiciales por fondos coparticipables. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto nacional 2027 enviado al Congreso por la gestión de Javier Milei, los acuerdos alcanzados en el marco del REOR ya permitieron reducir la conflictividad mediante el cierre de 37 procesos judiciales iniciados por diferentes provincias, entre los cuales ahora se formalizan los dos expedientes históricos que mantenía Tucumán.