“Sosa no mató a Érika”: la estrategia de la defensa de “El Militar” frente al pedido de prisión perpetua

Comenzó el juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en Tucumán. La Fiscalía pidió prisión perpetua para Felipe Sosa y seis años para dos coimputados, mientras que las defensas cruzaron acusaciones y anticiparon una dura batalla pericial y testimonial en los tribunales provinciales.

El debate oral y público por el crimen de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, se puso en marcha en San Miguel de Tucumán con un fuerte choque de posturas entre los acusadores y las defensas. Durante los alegatos de apertura, la Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, apuntado como el autor material del femicidio, y seis años de encubrimiento agravado para Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz.

El tribunal encargado de evaluar las pruebas, los testimonios y los informes médicos está integrado por los magistrados María Laura Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira. En esta primera jornada, las cartas comenzaron a sobrevolar el recinto judicial.

La hipótesis del Ministerio Público

El fiscal Pedro Gallo ratificó ante los jueces que la joven fue asesinada a golpes durante la madrugada del 7 de enero en la vivienda que Sosa posee en la ciudad de Yerba Buena. De acuerdo con la reconstrucción oficial, el imputado —de 51 años— trasladó posteriormente el cuerpo sin vida hacia un descampado en la zona de Manantial Sur para intentar borrar evidencias.

En la misma línea, la acusación recayó sobre Justina Gordillo, expareja de Sosa y empleada judicial, a quien le atribuyen haber colaborado en el ocultamiento de rastros y en la facilitación de información. Para ella y para Jorge “Chicho” Díaz, sindicado como empleado de confianza encargado de descartar un arma de fuego y eliminar pruebas, se requirió una pena de seis años de prisión efectiva. La querella, encabezada por el abogado Carlos Garmendia en representación de los padres de la víctima, avaló en todos sus términos el planteo fiscal.

Las estrategias de los acusados

Frente al pedido de la querella y la fiscalía, las defensas articularon respuestas disimiles pero firmes para contrarrestar la imputación principal.

• La postura de Sosa: Su defensa, integrada por los letrados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, afirmó de forma categórica que su cliente no asesinó a la joven. Anunciaron que cuestionarán las conclusiones forenses al advertir discrepancias entre los peritos médicos intervinientes. Además, deslizaron de manera preliminar la existencia de líneas investigativas vinculadas al entorno de la víctima que, según su óptica, no habrían sido agotadas en la instrucción.
• El descargo por Gordillo: Los abogados defensores de la mujer, María Florencia Abdala y Camilo Atim, sostuvieron que los movimientos de su asistida no encuadran en el delito de encubrimiento. Argumentaron que el traslado del cuerpo ocurrió en horarios donde ella se encontraba cumpliendo sus labores habituales, y justificaron los trámites con vehículos y bienes como parte de dinámicas familiares previas y ajenas al hecho investigado.
• El argumento de Díaz: A su turno, el defensor Juan Pablo Bello indicó que su representado se limitó a cumplir órdenes estrictamente laborales en la propiedad de Sosa, desvinculándolo de cualquier plan delictivo destinado a entorpecer la acción de la justicia.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas con la declaración de testigos y la exhibición de pericias técnicas que resultarán determinantes para definir responsabilidades. Hasta tanto el tribunal emita un veredicto definitivo, los tres imputados permanecen bajo el amparo constitucional de la presunción de inocencia.