Dictan cuatro meses de prisión preventiva para “Celeste” tras una serie de incidentes en Tribunales y la Asistencia Pública

La Justicia tucumana avanzó con una medida de coerción contra la mujer, acusada de múltiples hechos de agresiones, amenazas y disturbios en dependencias públicas. Además, se ordenó una junta médica forense para definir su atención y alojamiento.

El fuero penal del centro judicial capitalino resolvió dictar cuatro meses de prisión preventiva para una persona conocida públicamente como “Celeste”, quien se encuentra en la mira de la Justicia tucumana tras acumular una serie de causas por agresiones, amenazas y alteración del orden público en distintos puntos neurálgicos de San Miguel de Tucumán.

La medida cautelar fue solicitada y fundamentada por el auxiliar fiscal Elías Acuña, en representación de la Unidad Fiscal Criminal I. De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, a la imputada se le endilgan múltiples hechos de violencia registrados durante los últimos meses. Entre los episodios más graves figura un procedimiento policial concretado el pasado 7 de octubre en la intersección de pasaje Vélez Sársfield y calle 9 de Julio, oportunidad en la que la sospechosa habría arrojado proyectiles de gran porte y proferido amenazas directas contra efectivos de la fuerza de seguridad que cumplían funciones en la zona.

Asimismo, la investigación reunió pruebas sobre otros antecedentes conflictivos que encendieron las alarmas en el sistema judicial y sanitario de la provincia. La acusación detalla dos ingresos de carácter irregular al edificio del Palacio de Tribunales —ubicado sobre calle Las Piedras— registrados los días 9 y 17 de octubre, además de una seguidilla de tres altercados con personal médico y administrativo en las instalaciones de la Asistencia Pública municipal durante el mes de agosto, donde se habrían constatado situaciones de amedrentamiento y daños.

Más allá del avance de la medida de coerción privativa de la libertad, el magistrado interviniente contempló una serie de medidas accesorias de carácter sanitario y humanitario dadas las particularidades del caso. En ese sentido, la Justicia ordenó de manera formal que la detenida sea sometida a un riguroso examen integral por parte del Cuerpo Médico Forense. Posteriormente, se dispuso su derivación para una evaluación psiquiátrica y interdisciplinaria en el Hospital del Carmen, institución especializada donde profesionales de la salud mental deberán determinar el tratamiento farmacológico o asistencial que requiere, así como las condiciones óptimas y seguras para su alojamiento mientras avanza el proceso penal en su contra.