Tucumán invertirá $10.000 millones en un plan preventivo con más de 40 frentes de obra frente a la temporada de lluvias

Emergencia hídrica. Ante la proximidad del verano y la alerta por fenómenos climáticos, el Gobierno provincial puso en marcha un ambicioso despliegue de maquinaria para limpiar canales y reforzar defensas en todo el territorio tucumano. Mientras la oposición exige mayor transparencia sobre los fondos, las zonas críticas como La Madrid, el Río Salí y el Gran San Miguel se encuentran bajo estricta intervención.

El fantasma de las inundaciones vuelve a sobrevolar los despachos oficiales y las zonas ribereñas de nuestra provincia. Con la llegada de noviembre y la inminencia de los meses de mayores precipitaciones, la administración del gobernador Osvaldo Jaldo oficializó una inversión superior a los 10.000 millones de pesos destinada a blindar el territorio frente a los recurrentes desbordes y anegamientos que cada verano castigan al tejido urbano y productivo tucumano.

El denominado Plan Integral de Prevención Hídrica —coordinado de manera conjunta por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo de Marcelo Nazur, y la cartera del Interior, liderada por Darío Monteros— contempla la habilitación simultánea de más de 40 frentes de trabajo. Para llevar adelante esta tarea de gran envergadura, la Provincia contrató más de 15.000 horas de utilización de maquinaria pesada, articulando esfuerzos entre la Dirección Provincial del Agua, Vialidad, municipios y comunas para acelerar la limpieza de desagües antes de que el clima muestre su peor cara.

El mapa de las intervenciones prioritarias

El despliegue operativo concentra sus esfuerzos en puntos neurálgicos de la geografía provincial que arrastran un historial de vulnerabilidad crítica. En el Gran San Miguel de Tucumán y sus alrededores, las tareas se enfocan en las márgenes del Río Salí —con especial atención en Banda del Río Salí y Alderetes—, además de obras de protección en los barrios 140, 80 y 200 Viviendas de Los Vallistos, donde se proyecta un canal de alivio de 24 metros de ancho para descomprimir el escurrimiento. En la capital, en tanto, las cuadrillas municipales intensificaron la limpieza y el desmalezamiento en puntos críticos como el Canal Norte y el Canal Sur.

Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor preocupación es el sur provincial, particularmente la localidad de La Madrid (departamento Graneros), escenario de trágicos anegamientos en el pasado. Allí, los trabajos se concentran en mejorar la capacidad de evacuación del Río Marapa en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 157 y el puente ferroviario, complementándose con obras de alcantarillado. El plan también alcanza a Yerba Buena (Canal Cainzo), Tafí Viejo, Famaillá (Arroyo Maravilla), Lules, Simoca (Río Medina), Concepción (Río Chirimayo) y los Valles Calchaquíes, con intervenciones sobre el Río Santa María en Colalao del Valle y El Bañado.

Reclamos opositores y el desafío estructural

Pese a la magnitud del despliegue oficial, el plan no estuvo exento de cuestionamientos políticos. Desde la oposición, legisladores como el radical Agustín Romano Norri y Silvia Elías de Pérez presentaron pedidos de informes para exigir detalles precisos sobre el porcentaje de ejecución de los fondos, el destino de los recursos de la Ley de Emergencia Hídrica y el estado real de los 31 puntos críticos identificados en el Gran San Miguel. A su vez, referentes de La Libertad Avanza reclamaron una reasignación presupuestaria legislativa para volcar más recursos a la infraestructura hídrica preventiva.

El verdadero examen para esta millonaria inversión llegará con las primeras tormentas severas de la temporada estival. La exigencia de los tucumanos, especialmente de aquellas familias que año tras año sufren la pérdida de sus bienes por el agua, no pasa meramente por la acumulación de anuncios y horas de maquinaria, sino por la efectividad de obras duraderas que conviertan la prevención en una política de Estado permanente y no en una reacción de emergencia estacional.