Duro revés para la Policía de Tucumán: la Justicia Federal prohibió el ingreso no autorizado de efectivos a la UNT

Autonomía en riesgo. Un fallo del Juzgado Federal N° 1 hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la comunidad educativa tras los polémicos operativos en Filosofía y Letras. La medida frena prácticas intimidatorias y exige respetar las garantías constitucionales en las instalaciones universitarias.

La relación entre las fuerzas de seguridad provinciales y las casas de altos estudios en nuestra provincia atraviesa un punto de inflexión institucional. La Justicia Federal de Tucumán dictó una resolución de fuerte impacto político al prohibir el ingreso no autorizado de efectivos de la Policía de Tucumán a las instalaciones de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El fallo llega tras la conmoción generada durante el mes de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras, donde la presencia policial dentro del predio encendió todas las alarmas en el ámbito académico.

El pronunciamiento judicial respondió a un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por docentes, estudiantes y trabajadores universitarios frente a lo que consideraron operativos intimidatorios y violatorios de la Ley de Educación Superior. Los antecedentes del conflicto se remontan a mediados de octubre, cuando un efectivo ingresó al establecimiento y se registraron situaciones de tensión dentro de los baños, agravadas al día siguiente por la incursión de cuatro agentes de Infantería con equipamiento táctico. Aquellos episodios motivaron reuniones urgentes entre el decano Sergio Robín y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, además del repudio generalizado de las bases universitarias nucleadas en gremios como Adiunt.

Límites claros y resguardo institucional

Con la nueva resolución, el Juzgado Federal N° 1 ordenó el cese inmediato de prácticas que vulneren la autonomía universitaria, consagrada por la Constitución Nacional. No obstante, la medida judicial contempla excepciones específicas: las fuerzas de seguridad provinciales podrán ingresar únicamente mediando una orden judicial legítima o ante situaciones de flagrancia y emergencias extremas previstas por la legislación vigente.

Para los tucumanos que transitamos cotidianamente la realidad educativa de la capital, este fallo marca un límite necesario frente al uso de los recursos de seguridad en espacios de formación. La convivencia entre el orden público y la autonomía de las universidades públicas exige un delicado equilibrio que, en este caso, obligará al Ministerio de Seguridad provincial a reajustar los protocolos de actuación para evitar nuevas rispideces en los predios universitarios de nuestra provincia.