Un comisario de la Policía de Tucumán y otras seis personas fueron imputadas en el marco de una megacausa por usurpaciones, estafas y otros delitos. La acusación incluye siete hechos que, según la Justicia, conforman un entramado delictivo sostenido desde febrero de 2023 hasta marzo de 2025.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el viernes pasado y alcanzó a seis hombres —entre ellos un comisario de 43 años que se desempeñaba como jefe de una comisaría— y dos mujeres. La Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por el fiscal Diego López Ávila, señaló al comisario como jefe de la asociación ilícita, mientras que un ex policía y un abogado fueron considerados miembros principales. El resto de los acusados fueron imputados como partícipes secundarios.
Durante la exposición, la auxiliar de fiscal Emely Rafael, acompañada por la instructora Florencia Giménez Saravia, detalló la estructura y los roles dentro del grupo. Sostuvo que el comisario “suministraba información confidencial y reservada” al ex policía imputado, incluyendo denuncias de las víctimas, registros fílmicos y testimoniales, incluso antes de que esos elementos llegaran al conocimiento de la autoridad judicial. También habría comunicado instrucciones del Ministerio Fiscal relacionadas con medidas y allanamientos.
Otro ex integrante de la fuerza, según la funcionaria, ejercía “influencia directa” sobre personal policial aún no identificado, alertando a los demás miembros de la organización acerca de avances en las investigaciones.
El grupo analizaba previamente propiedades ubicadas en diferentes zonas de San Miguel de Tucumán, obteniendo información sobre datos personales de los propietarios, antecedentes dominiales, juicios sucesorios y otros elementos. Ese material era entregado a un abogado, quien determinaba cuáles inmuebles presentaban mayor vulnerabilidad. Luego, mediante personas reclutadas ocasionalmente, observaban los movimientos de los dueños o poseedores para identificar momentos propicios para concretar los desalojos ilegales.
Tras las usurpaciones, los involucrados simulaban ser víctimas o testigos, presentaban documentación presuntamente falsa, ofrecían testigos preparados y aportaban información procesal interna para sostener la ocupación ilegítima. Según la Fiscalía, esas maniobras buscaban engañar tanto a los propietarios afectados como a la Administración de Justicia.
Medidas judiciales
El juez interviniente otorgó la prisión preventiva por 31 días bajo arresto domiciliario para tres de los imputados: el comisario, un ex policía y un abogado de 49 años, considerados miembros principales de la asociación ilícita. Los otros cinco acusados —dos de ellos mujeres— quedaron sujetos a medidas de menor intensidad. El plazo de las medidas coincide con el impuesto en procesos paralelos contra otros presuntos integrantes del grupo.
Entre los inmuebles involucrados se encuentran propiedades ubicadas en San Juan al 300 y al 1400; Catamarca al 300; pasaje Holmberg al 2900; Marcos Paz y Esquiú; Balcarce primera cuadra; Muñecas al 1200; Bolivia al 1400; avenida Roca al 500 y Avellaneda al 200.