El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan de retiro voluntario para trabajadores del (INTA), en el marco del ajuste de la administración pública.
La medida, oficializada en el Boletín Oficial, estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y alcanza únicamente al personal de planta permanente.
El monto de la gratificación se calculará tomando como base los haberes de enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta marzo de ese año, con una actualización salarial acumulada del 10,30%.
El régimen establece una compensación equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, el beneficio tendrá límites según la edad del empleado: hasta los 60 años no habrá tope, entre los 61 y 63 años el máximo será de 24 haberes, y desde los 64 años se reducirá a 12 salarios. Además, quedan excluidos quienes tengan procesos judiciales contra el Estado, causas disciplinarias, trámites jubilatorios iniciados o hayan presentado renuncia previamente.
La adhesión al retiro implicará el cese laboral desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de volver a trabajar en el Estado nacional durante cinco años, salvo en universidades públicas. No obstante, el plan contempla algunos beneficios posteriores a la salida, como la continuidad de los servicios de guardería y jardín maternal del INTA para hijos de empleados hasta finalizar el ciclo lectivo 2026, además de eximir a los agentes de devolver ayudas económicas vinculadas a programas de capacitación y perfeccionamiento.