Alerta por vandalismo urbano en la Capital: destruyeron casi 500 luminarias en menos de dos años
Foto: Redacción Radio Contacto 104.5 MHz
El Municipio capitalino debió reparar 499 artefactos dañados intencionalmente entre 2025 y lo que va de 2026. Los robos de piezas internas, cables y destrucción de lámparas golpean con mayor crudeza a los sectores sur y suroeste de la ciudad. Avanzan presentaciones penales para identificar a los responsables.
El deterioro intencional del equipamiento público se ha convertido en una de las mayores cargas operativas y económicas para la administración de San Miguel de Tucumán. Lejos de responder al simple desgaste por el paso del tiempo o a contingencias climáticas, la falta de luz en decenas de cuadras capitalinas encuentra su origen en el accionar sistemático de personas que destruyen instalaciones eléctricas para sustraer metales y componentes comercializables en el mercado informal.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Portal de Datos de la Municipalidad capitalina, actualizadas al 23 de septiembre de este año, las cuadrillas operativas tuvieron que intervenir de urgencia en 186 luminarias vandalizadas solo durante los primeros nueve meses de 2026. Este registro se acopla a las 313 intervenciones realizadas bajo las mismas circunstancias a lo largo de 2025, totalizando 499 episodios de daño intencional en menos de dos años. Aunque el número representa alrededor del 1% del parque lumínico total —estimado en unas 49.000 unidades en todo el ejido municipal—, el costo de reposición y el perjuicio directo sobre la vida cotidiana de las barriadas genera un impacto sumamente sensible.
El desglose técnico de los hechos reportados durante el corriente año evidencia un patrón delictivo focalizado en el desmantelamiento de la red. En el primer escalón de las afectaciones se ubican 69 casos dirigidos directamente contra el artefacto lumínico en altura, mediante el robo de componentes electrónicos, la sustracción íntegra del foco o la rotura a pedradas de las carcasas y lámparas.
En segundo lugar figuran 44 ataques sobre las columnas metálicas, las cuales son forzadas en su base para saquear las conexiones interiores y térmicas. El cuadro se complementa con 37 sustracciones o cortes deliberados de tendido de cableado aéreo y subterráneo, 12 hechos de sabotaje contra gabinetes y cajas de comando general, y 7 maniobras de magnitud que desarticularon circuitos completos, dejando a sectores vecinales enteros a oscuras en una sola noche. Asimismo, se contabilizaron 4 destrozos en paseos y plazas barriales, el robo de 4 tapas de bornera, daños estructurales en 3 postes de soporte, un caso con necesidad de reposición estructural total y 4 episodios clasificados como de complejidad múltiple.
La geolocalización de las intervenciones delimita con claridad la brecha territorial del conflicto. El mapa municipal exhibe una marcada concentración de roturas y sustracciones en los cuadrantes sur y suroeste de la ciudad, donde la dispersión lumínica facilita las maniobras de ocultamiento. En contrapartida, los sectores norte y noreste presentan una incidencia considerablemente menor, mientras que el microcentro y macrocentro capitalino registran registros marginales con apenas 20 episodios en total.
La alteración deliberada de las luminarias no opera como un hecho aislado. Se conecta de forma directa con la vulnerabilidad ciudadana al anular la visibilidad nocturna, aumentar los riesgos de siniestros viales y favorecer condiciones para el delito común en esquinas y paradas de colectivos. Este último servicio también padece los embates del mobiliario roto: la Dirección de Gerencia de Datos municipal constató recientemente la destrucción de 58 refugios de pasajeros sobre un universo de 643 instalados en la Capital, con vidrios estallados y cartelería informativa arrancada.
Ante la reiteración de estos episodios, el Ejecutivo municipal resolvió llevar los expedientes a los estrados judiciales. A través de la Secretaría de Ordenamiento y Convivencia Urbana, a cargo de Javier González, se puso en marcha una estrategia coordinada con el Ministerio Público Fiscal mediante la recopilación de filmaciones, fotografías y testimonios vecinales. El objetivo oficial apunta a cortar la cadena de impunidad, localizar a los autores materiales de los robos y a los compradores de los materiales sustraídos, encuadrando las conductas bajo las figuras contempladas en el Código Penal.
