El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien cumple una condena de 16 años por delitos sexuales en el penal de Ezeiza, fue beneficiado con el arresto domiciliario. La medida, dispuesta por el juez Juan Ramos Padilla, exige el uso de una tobillera electrónica y el pago de una caución de 400 millones de pesos.

Alperovich cumplirá la prisión domiciliaria en uno de sus departamentos ubicado en el exclusivo complejo Zencity, en Puerto Madero, donde su sobrina y denunciante señaló que ocurrieron algunos de los abusos.

En su resolución, Ramos Padilla aclaró que el arresto domiciliario “no constituye un privilegio ni un acto de compasión”, y fue enfático al sostener: “Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad ni beneficios extraordinarios”.

El juez autorizó el traslado a la vivienda situada en Rosario Vera Peñaloza 599, Torre Zafiro, Piso 4, unidades C1 y C2, aunque la medida quedará sujeta a la confirmación técnica por parte de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que deberá verificar la viabilidad de instalar un sistema de geolocalización.

Al mismo tiempo, el exmandatario será controlado por la Dirección de Control y Ejecución de la Pena (DCAEP), que deberá emitir informes mensuales y realizar visitas presenciales para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Como parte de las restricciones, Alperovich tiene prohibido salir del país y no podrá desplazarse por el territorio nacional sin autorización expresa del tribunal.

La concesión del arresto domiciliario se produce luego de que el juez rechazara varias solicitudes de la defensa, que había invocado razones de salud y edad avanzada. Aunque los informes médicos reconocen una afección osteoarticular crónica compatible con su edad, el tratamiento puede ser garantizado en contexto de encierro, según habían señalado previamente los peritos.

La defensa, encabezada por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, insistió en que las condiciones médicas de Alperovich ameritaban un cambio en el régimen de detención.

Ramos Padilla argumentó que, tras más de un año detenido, el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa se ha reducido, y sostuvo que el tiempo transcurrido en prisión debería haber sido suficiente para que el condenado entienda que cualquier incumplimiento de las condiciones dictadas implicará la revocación inmediata del beneficio.