El Senado se prepara para debatir esta semana la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto impulsado por el Gobierno que modifica las reglas de los alquileres y acelera los procesos de desalojo.
La iniciativa busca fortalecer los derechos de los propietarios y reducir los tiempos judiciales ante incumplimientos contractuales.
Uno de los cambios centrales establece que, antes de iniciar una demanda por falta de pago, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo de 10 días corridos para regularizar la deuda. Además, las notificaciones enviadas al domicilio físico o electrónico fijado en el contrato tendrán plena validez legal.
El proyecto también regula la finalización del contrato de alquiler. Los propietarios no podrán rechazar la entrega de las llaves y, si lo hacen, el inquilino podrá recurrir a la consignación judicial. En esos casos, dejará de abonar alquileres y otros cargos desde la notificación fehaciente, siempre que complete el trámite dentro del plazo previsto.
En materia de desalojos, la iniciativa establece un procedimiento sumarísimo para acelerar los procesos. En casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el juez podrá ordenar la desocupación inmediata del inmueble, mientras que se prevén multas para los propietarios que obtengan un desalojo mediante información falsa u ocultando documentación relevante.
La propuesta también endurece el tratamiento de las ocupaciones ilegales. Entre otras medidas, habilita que los jueces dispongan la restitución del inmueble en un plazo máximo de cinco días, ordenen la identificación de los ocupantes y autoricen el uso de la fuerza pública para ejecutar las medidas judiciales cuando sea necesario.
Otro de los puntos modifica el régimen de los barrios populares incluidos en el RENABAP. El Gobierno propone eliminar la suspensión general de desalojos vigente y transferir mayor protagonismo a las provincias y municipios en los procesos de regularización dominial, al considerar que el sistema actual tuvo escasos resultados.
Además de los cambios en alquileres, el proyecto introduce reformas en las leyes de expropiaciones, tierras rurales, manejo del fuego y registros inmobiliarios. Entre ellas, elimina el límite general para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros —con controles específicos en zonas estratégicas—, flexibiliza restricciones sobre tierras incendiadas y promueve la digitalización de los registros de la propiedad mediante una ventanilla única federal.