El paro anunciado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en más de 27 aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo se convertirá en el primer test para la aplicación de la nueva reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales incluida en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La norma establece que, en caso de medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales —como la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo—, debe garantizarse al menos el 75% de los servicios mínimos durante la protesta.
Sin embargo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la validez de la norma y sostuvo que el gremio no está obligado a cumplirla, al considerarla “manifiestamente inconstitucional”. Desde el sindicato adelantaron que el paro se realizará en las mismas condiciones que antes de la reforma, en reclamo de aumentos salariales para trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que, según denuncian, aún no fueron aplicados.
Las medidas de fuerza se realizarán los días 18, 19, 20, 23 y 24 de marzo, en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20, lo que podría afectar la operación de vuelos en distintos aeropuertos del país. Mientras el Gobierno anticipó que exigirá el cumplimiento de la ley y del nivel mínimo de servicios, desde ATE aseguran que el conflicto podría terminar resolviéndose en la Justicia, en medio de un clima de fuerte tensión entre el sindicato y la administración nacional.