La central sindical profundiza las conversaciones con el oficialismo y, en paralelo, activa contactos con gobernadores y referentes de la oposición. Aunque el objetivo inicial es bloquear integralmente la iniciativa y avanzar con un proyecto alternativo, ante el complejo escenario legislativo la estrategia se reorienta a desarticular los artículos más sensibles de la reforma.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reactivó en las últimas horas una intensa agenda política para incidir en el futuro de la reforma laboral que impulsa el Gobierno, combinando negociaciones reservadas con una estrategia pública de confrontación. La central obrera mantiene conversaciones discretas con el asesor presidencial Santiago Caputo y funcionarios del área laboral, mientras refuerza los contactos con gobernadores y legisladores clave que tendrán un rol decisivo cuando el proyecto llegue al Congreso. En paralelo, el oficialismo también mueve sus fichas: el ministro del Interior, Diego Santilli, inició una nueva gira por las provincias para sumar respaldos a la iniciativa oficial.
Desde la conducción cegetista confirmaron que la actividad formal se retomará con fuerza a partir de la semana del 12 de enero, con el objetivo de ordenar la estrategia política y legislativa antes de que el debate se reactive en febrero. El escenario cambió tras la sanción del Presupuesto 2026, cuando el Ejecutivo logró articular mayorías con las provincias, lo que llevó a la CGT a adoptar una postura más pragmática. Si bien el objetivo máximo sigue siendo frenar por completo la reforma laboral, en la central obrera ya asumen que el horizonte más realista pasa por eliminar o modificar los artículos que consideran más sensibles.
En ese marco, la CGT mantiene un canal de diálogo abierto con el Gobierno, aunque puertas adentro reconoce que hay altas probabilidades de que la reforma avance, lo que obliga a concentrar esfuerzos en condicionar su contenido. Las principales objeciones están centradas en el financiamiento sindical, especialmente en las restricciones al cobro de cuotas solidarias y de afiliación, los cambios en los mecanismos de retención y los límites al derecho a huelga, con la ampliación de actividades consideradas esenciales. También rechazan la primacía de los convenios por empresa sobre los de actividad, la exclusión de conceptos como el aguinaldo en la base de cálculo de indemnizaciones y la imposibilidad de reclamar por falta de registración laboral. La CGT ya anticipó que, si la reforma se aprueba, avanzará con su judicialización.
Mientras sostiene un discurso público duro, con advertencias de movilización y paro general, la central obrera apuesta fuerte al trabajo político con gobernadores y referentes territoriales, a quienes considera claves para definir los votos en el Congreso. Según reconocen desde la propia CGT, hubo un “trabajo silencioso y productivo” con mandatarios provinciales y legisladores de distintos espacios, donde encontraron receptividad, aunque con matices. Del otro lado, Santilli continuará recorriendo provincias para consolidar apoyos, con reuniones previstas con gobernadores dialoguistas que acompañaron al oficialismo en el Presupuesto. El cruce de agendas anticipa un verano de negociaciones intensas, con la reforma laboral como eje central de una disputa política que promete escalar antes de llegar al recinto.