El debate por el financiamiento educativo volvió al centro de la agenda federal ante el avance del proyecto de “libertad educativa” impulsado por Nación.
En el seno del Consejo Federal de Educación, la mayoría de las provincias planteó que antes de discutir cambios estructurales es imprescindible garantizar previsibilidad presupuestaria. En ese marco, Mendoza presentó un borrador de ley denominado “Ley Bases para el Financiamiento Educativo Federal”, iniciativa que fue expuesta por el gobernador Alfredo Cornejo y que propone blindar los recursos destinados a la educación obligatoria.
El proyecto establece un piso presupuestario federal que no pueda reducirse de un año a otro y que se actualice por inflación o por la variación salarial docente, con el objetivo de evitar recortes abruptos como los registrados tras la eliminación del FONID y otros fondos nacionales. Además, crea mecanismos de compensación para favorecer a las provincias con mayor vulnerabilidad, prioriza la inversión en alfabetización, nivel inicial y formación docente, y contempla nuevos fondos para infraestructura, tecnología y becas. También incorpora incentivos salariales vinculados al desempeño y a la permanencia en zonas críticas.
La propuesta surge en un contexto de fuerte retracción del gasto nacional en educación y de cuestionamientos al proyecto oficial de reforma. Varios ministros provinciales sostienen que sin estabilidad financiera cualquier transformación resulta inviable. El texto mendocino, que cuenta con respaldo de más de la mitad de las jurisdicciones, pone el foco en la transparencia, auditorías y sistemas de alerta temprana contra el abandono escolar, y busca abrir una negociación con la Nación durante el primer semestre para asegurar condiciones mínimas de sostenimiento del sistema educativo.