El ministro de Economía, Luis Caputo, redobló en los últimos días la defensa del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los capítulos centrales de la reforma laboral sancionada por el Congreso.
Según el funcionario, buena parte del sector privado aún desconoce el alcance de los beneficios, en particular la reducción de las cargas patronales al 2% durante 48 meses para nuevos empleos. Caputo sostiene que la iniciativa —junto con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la mayor previsibilidad en los costos de despido— apunta a eliminar distorsiones históricas del mercado y a desalentar la litigiosidad. Sin embargo, la falta de reglamentación y de publicación en el Boletín Oficial mantiene en pausa la implementación efectiva de los instrumentos.
El corazón del planteo oficial es que la baja de contribuciones —que implica, según el ministro, una reducción cercana al 85% respecto de los niveles previos— debería convertirse en un incentivo decisivo para blanquear empleo. Incluso cuestionó públicamente la escasa reacción de las cámaras empresarias frente a un esquema que, desde la óptica del Palacio de Hacienda, mejora sustancialmente la ecuación de costos laborales. No obstante, en el ámbito privado aparecen matices: algunas fuentes advierten que la experiencia internacional demuestra que la mera reducción de cargas no siempre logra formalizar a las micro y pequeñas empresas, donde se concentra la mayor informalidad, si no se atacan problemas estructurales como la baja productividad, la presión tributaria general y la falta de financiamiento.
Especialistas como Silvina Scarimbolo remarcan que la formalización requiere políticas complementarias de capacitación y acceso al crédito, mientras que Pablo Mastromarino coincide en que el régimen puede despertar interés, aunque advierte que el empleo solo crecerá de manera sostenida con mayor actividad económica. A la espera de la reglamentación —que también involucra a la Comisión Nacional de Valores en lo relativo al FAL—, el Gobierno confía en que una mayor difusión y claridad normativa aceleren la adhesión empresaria. El desafío, coinciden analistas, será transformar el alivio transitorio de costos en un cambio estructural capaz de ampliar la base de trabajadores registrados sin comprometer la sostenibilidad fiscal.