El juez Marcos Campero desestimó el pedido formulado a favor de Santiago Bagne tras la agresión a Patricio Ledezma. La causa se giró a la Fiscalía Regional, que deberá resolver en tres días si continúa con el juzgamiento.
San Miguel de Tucumán.— La causa penal que investiga la violenta agresión grupal sufrida por el joven Patricio Ledezma a la salida del boliche La Cañada, en Tafí del Valle, sumó un nuevo capítulo de alta tensión procesal. El juez Marcos Javier Campero rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Santiago Bagne, uno de los rugbiers imputados por el ataque ocurrido a fines de enero pasado.
Con esta resolución, el magistrado resolvió que aún no existen elementos de certeza suficientes para desestimar la participación del acusado en los hechos. Por tal motivo, remitió las actuaciones al fiscal regional Diego Hevia, quien dispondrá de un plazo perentorio de tres días para dictaminar si sostiene el archivo de la causa contra Bagne o designa un nuevo fiscal para avanzar hacia el juicio oral.
El caso tomó trascendencia pública tras la denuncia de Ledezma, quien sostuvo haber sido emboscado, acorralado y golpeado en el suelo por un grupo de aproximadamente 15 jóvenes oriundos de Concepción. En febrero, la fiscalía formuló cargos contra Bagne y Máximo Carreras como presuntos coautores de tentativa de lesiones graves, bajo la hipótesis de que actuaron de manera coordinada formando un “cerco humano de contención” para evitar que la víctima pudiera defenderse o escapar mientras caía a una zanja.
Las dos versiones que confrontan en el expediente
Durante la audiencia, la defensa técnica de Bagne, ejercida por el abogado Gonzalo Ascárate, solicitó la desvinculación total de su cliente. Argumentó que el joven no participó de ningún plan premeditado y que, por el contrario, intervino en dos oportunidades para intentar pacificar los altercados ocurridos tanto dentro como fuera del local bailable.
Para sostener su postura, la defensa presentó peritajes telefónicos, registros en video y testimonios que —según su interpretación— sitúan a Ledezma en una actitud de provocación constante hacia el grupo. Asimismo, argumentó que los peritajes a los celulares descartaron la existencia de un acuerdo previo o logística previa para consumar la agresión. Sorprendentemente, la posición defensiva contó con el aval del Ministerio Público Fiscal a través del auxiliar Hugo Campos, quien admitió que la evidencia reunida hasta el momento resultaba insuficiente para sostener la acusación contra Bagne.
Por su parte, la querella representada por el abogado José María Molina rechazó de plano el dictamen fiscal y exigió la continuidad de la investigación. Molina remarcó que existen testimonios clave que ubican directamente a Bagne en el lugar de los hechos y que la veracidad de dichas declaraciones debe ser evaluada y sometida al contraexamen correspondiente durante un debate oral y público.
Al resolver la controversia, el juez Campero sostuvo que la etapa actual exige certeza absoluta para dictar un sobreseimiento, condición que no se verifica en el expediente. La definición final queda ahora bajo el criterio de las autoridades de la Fiscalía Regional, en una causa que mantiene en vilo al ambiente judicial e institucional de la provincia.