La Policía de la ciudad de Buenos Aires encontró al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y por orden de la justicia federal se le secuestró el celular en la causa por los supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.
Fuentes oficiales informaron a Infobae que la fuerza de seguridad continuó con los allanamientos luego que los que se hicieron en la madrugada en los domicilios registrados a nombre del ex funcionario no fuera encontrado.
Pero la investigación continuó y este mediodía personal de la Policía de la Ciudad llegó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo circulando en un automóvil, un VW Nivus. La Policía lo detuvo y le secuestró el celular. Eso había solicitado el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. El móvil será peritado. Además se secuestró una computadora y documentación.
El procedimiento formó parte de los 15 allanamientos que ordenó la justicia en la causa. Ayer a la noche fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.
Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en su interior contenían dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y 7 millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.
Otros allanamientos fueron en viviendas de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien tampoco fue hallado.
Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón quien pidió que el caso se investigue por los delitos decohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.