La Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener las restricciones impuestas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Entre las medidas ratificadas se encuentran la obligación de utilizar una tobillera electrónica y la limitación de visitas, que requieren autorización previa si no están incluidas en una lista preestablecida.
El fallo fue dictado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Durante la deliberación, el tribunal evaluó los planteos de la defensa de Fernández de Kirchner, que cuestionaban precisamente esas dos condiciones de su arresto domiciliario.
También se trató un recurso del Ministerio Público Fiscal que, en un principio, había solicitado revocar la prisión domiciliaria. Sin embargo, en audiencia pública, el fiscal general Mario Villar desistió del pedido al considerar que la ex mandataria ha cumplido con las condiciones impuestas y que ya no se sostenían los motivos para pedir su revocación.
Los jueces Hornos y Barroetaveña votaron a favor de mantener las restricciones, argumentando que garantizan un control judicial efectivo y protegen tanto el proceso como la seguridad personal de la ex presidenta. Por su parte, el juez Borinsky votó en disidencia, al considerar innecesario el uso de tobillera electrónica y las limitaciones de visitas, dado que Fernández de Kirchner cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y que estas medidas implican un uso excesivo de recursos.
El tribunal recordó que la prisión domiciliaria es una excepción que requiere supervisión constante, y que podrá ser revisada si cambian las circunstancias del caso. En línea con esto, el juez Hornos subrayó que las penas por delitos de corrupción deben aplicarse con firmeza y equidad, sin privilegios vinculados al rango del condenado, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Por último, se confirmó que el domicilio de cumplimiento de la pena seguirá siendo el mismo, y se aclaró que cualquier cambio relacionado con el uso del espacio público debe ser decidido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no por la Justicia penal.